- El informe del INDH señala que todas las cárceles de la Región de Antofagasta superan su capacidad con una ocupación general del 161,7%.
- La población penal femenina registra la tasa más alta del país, alcanzando un 217,8% de ocupación en los centros penitenciarios.
- Actualmente hay seis mujeres embarazadas y cuatro lactantes viviendo junto a sus madres dentro de los recintos penales de la región.
El documento presentado por el INDH a autoridades de justicia, alerta sobrepoblación en Taltal, Tocopilla, Calama y Antofagasta, cuatro centros de privación de libertad que están entre los diez más saturados a nivel nacional. Por su parte, la población femenina en centros penitenciarios de la región tiene la ocupación más alta de Chile.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expuso ante diversas autoridades el reporte sobre hacinamiento carcelario en la región, el que consigna que todas las cárceles superan su capacidad y la ocupación femenina es la más alta del país. La actividad, que se realizó en la Dirección Regional de Gendarmería, contó con la participación del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ramón Tagle; la defensora regional, Karina Reyes; el director regional de Gendarmería, coronel Mario Benítez; el jefe operativo regional de Gendarmería, coronel Jaime Pincheira, y las jefaturas de las unidades penales de la región.
Marlene Velásquez y Catalina Salinas, abogadas de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia (UPDLJ), realizaron la exposición en dos bloques: estándares internacionales sobre ocupación y hacinamiento, y hallazgos nacionales y regionales. Según el reporte, al 30 de junio de 2025 la región tenía 3.289 personas privadas de libertad mientras que había 2.034 plazas disponibles, es decir, una ocupación de 161,7%. El promedio de ocupación de cárceles a nivel nacional es de 140,9%.
El reporte expone que todas las cárceles de la región superan su capacidad y cuatro están entre las diez más saturadas del país: el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Tocopilla; el CDP de Calama; el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta; y el CDP de Taltal. Este último concentra la sobrepoblación más alta del país.
Por su parte, la ocupación femenina en centros penitenciarios de la región es la más alta de Chile, con un 217,8%. Además, el informe detalla lo observado en Calama y Tocopilla. Entre otros problemas: inodoros sin conexión al alcantarillado, celdas con basura y filtraciones, cortes de agua y camas sin colchón. Entre las mujeres privadas de libertad, actualmente seis están embarazadas y cuatro guaguas viven en recintos penitenciarios junto a sus madres.
En junio de 2025 había 3.289 personas privadas de libertad: 2.910 hombres y 379 mujeres. La mayoría de las mujeres estaba por la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes. Del total de hombres, había 1.195 imputados y 1.715 condenados; y en el caso de las mujeres, 164 imputadas y 215 condenadas. En este último apartado se contabilizaban seis privadas de libertad embarazadas y cuatro lactantes junto a sus madres en la cárcel.
Desde la Unidad de Protección del INDH, indicaron que “el reporte cruza las cifras oficiales de Gendarmería con lo que los y las funcionarias del instituto pudieron observar al interior de las cárceles. Eso permite ver ciertas cosas que los números y porcentajes no muestran: cómo la sobreocupación y el hacinamiento que muchas veces repercuten en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”.
Además, añadieron que “un diagnóstico como el que desarrolla el reporte sirve si llega a quiénes pueden tomar decisiones. Por eso, decidimos presentarlo en la región, ante Gendarmería, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública. De esta forma, a partir de un acervo común de información, todas las instituciones pueden, desde su rol, contribuir a buscar soluciones”.
El jefe regional del INDH, Paulo Palma, indicó que “el reporte revela que Antofagasta no tiene una crisis de hacinamiento general, tiene dos crisis superpuestas: una crisis histórica de centros en malas condiciones y una crisis de género oculta, que la convierte en la región con más mujeres privadas de libertad en Chile”.
Ante esta situación, el INDH recordó que, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta con construir nuevas cárceles o contratar más personal: los Estados deben fijar límites a la capacidad de alojamiento y adoptar medidas efectivas. El INDH sistematizará los antecedentes de la jornada en informes que sirvan de base para un trabajo colaborativo con las instituciones de la región.
¿Por qué el INDH observa estos recintos?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene el mandato de proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile. Dentro de ese mandato, la ley le otorga una facultad expresa para monitorear las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, bajo custodia o cuidado del Estado. Esto significa que el INDH puede visitar estos lugares, observar cómo funcionan, conversar con las personas que están allí y con quienes los administran, y verificar que se respeten sus derechos.
Cabe señalar que el INDH no solo monitorea cárceles y unidades policiales. También visita otros lugares donde las personas se encuentran bajo el cuidado y la custodia del Estado: Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM); hospitales y unidades psiquiátricas; centros de protección de niños, niñas y adolescentes; centros de justicia juvenil; y recintos de detención en frontera.