El imputado reconoció haber registrado a niñas y adolescentes durante años, incluso en establecimientos educacionales donde trabajaba.
La Fiscalía de Antofagasta logró esta semana la condena de un imputado de 46 años, quien fue sentenciado en procedimiento abreviado a penas de 540 días y 300 días de presidio como autor de los delitos de captación y grabación de registros audiovisuales de partes íntimas, además de actos de significación sexual en presencia de una menor de edad.
De acuerdo con la resolución del tribunal, el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva, ya que no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para acceder a una sanción sustitutiva. En ese contexto, se le abonarán 359 días correspondientes al tiempo que ha permanecido privado de libertad, incluyendo detención, ampliación y prisión preventiva.
Durante el proceso, el imputado admitió que entre los años 2015 y 2025 realizó, en diversas ocasiones, registros audiovisuales sin consentimiento, principalmente a niñas y adolescentes. Estos hechos ocurrieron tanto en la vía pública como al interior de dos establecimientos educacionales de la ciudad donde se desempeñaba laboralmente.
Uno de los episodios clave ocurrió el 10 de abril de 2025, cuando el sujeto fue sorprendido grabando a una menor en la vía pública mediante el uso de una aplicación que permite registrar videos con el teléfono bloqueado. La situación fue advertida por transeúntes, quienes alertaron a familiares de la víctima, lo que permitió su detención.
Asimismo, durante la investigación se encontró en uno de sus dispositivos un registro que evidenciaba actos de significación sexual realizados en presencia de una menor en abril de 2021.
Como parte de las penas accesorias, el tribunal dispuso que el condenado quede bajo vigilancia de la autoridad durante los diez años posteriores al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar su domicilio a Carabineros cada tres meses. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos, empleos u oficios en ámbitos educacionales o que impliquen contacto directo y habitual con menores de edad.
Finalmente, se ordenó la incorporación de su perfil genético al registro nacional de condenados, conforme a lo establecido en la Ley 19.970. La defensa cuenta con plazo legal para apelar a la resolución del Juzgado de Garantía.