Tamara Farren Llantén explicó que el avance de bandas criminales y los cambios migratorios han obligado al Ministerio Público a adaptar sus estrategias para resguardar a quienes colaboran con la justicia.
La protección de víctimas y testigos es una de las labores más sensibles del Ministerio Público y, aunque muchas veces pasa desapercibida, es clave para que el sistema judicial funcione. En la Región de Antofagasta, esta tarea ha debido adaptarse a un nuevo escenario marcado por el crimen organizado y los cambios en el perfil de quienes se ven afectados por delitos.
Así lo explicó la abogada Tamara Farren Llantén, jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, quien abordó los desafíos que enfrenta esta área frente a los nuevos fenómenos criminales que registra el país.
Durante el último año, la unidad brindó apoyo especializado a más de 6.000 personas, entre víctimas y testigos de distintos delitos, lo que refleja la magnitud del trabajo que realiza esta área dentro de la Fiscalía.
“La irrupción del crimen organizado nos obligó a cambiar la manera de trabajar con víctimas y testigos”, explicó Farren, agregando que este fenómeno no solo ha transformado la persecución penal, sino también las necesidades de quienes participan en los procesos judiciales.
Apoyo jurídico y psicológico
Desde URAVIT explican que la atención que se entrega a las personas afectadas por delitos no se limita a la asesoría legal. También incluye apoyo psicológico y contención emocional para evitar la denominada victimización secundaria, es decir, el daño que puede provocar el propio proceso judicial.
“La atención de URAVIT no es solo jurídica, incluye contención psicológica para evitar la victimización secundaria (…) nuestra unidad atiende a víctimas y testigos principalmente en el ámbito proteccional y para facilitar su participación en el proceso penal”, señaló la jefa de la unidad.
El objetivo es que las personas puedan entregar información, declarar y participar en los juicios sin temor a represalias o presiones.
Medidas de protección según el riesgo
Para determinar las medidas de resguardo, la unidad realiza una evaluación de riesgo que considera tanto la situación de la persona afectada como la de su entorno familiar.
Dependiendo del nivel de amenaza, se pueden aplicar distintas acciones de protección. Entre ellas, medidas inmediatas como la entrega de teléfonos de emergencia o, en casos más complejos, traslados de domicilio o incluso desplazamientos fuera de la ciudad o región.
“Siempre se hace una evaluación de riesgo de la situación de la persona y su familia y, de acuerdo a eso, se toman las medidas correspondientes”, explicó Farren.
Migración y crimen organizado
Según la abogada, en los últimos años el trabajo de la unidad ha enfrentado dos cambios importantes. El primero tiene relación con el impacto migratorio, que implica atender a personas provenientes de distintos contextos culturales y con percepciones diferentes respecto de las instituciones.
El segundo está vinculado al avance del crimen organizado, que ha modificado el perfil de las víctimas y testigos. “Al tratarse a menudo de migrantes irregulares, enfrentamos una fuerte resistencia a declarar o aceptar medidas de resguardo, lo que nos ha forzado a transformar nuestra manera de trabajar para ganar su confianza”, explicó.
En muchos casos, estas personas desconfían de las instituciones del Estado, lo que obliga a realizar un trabajo adicional para generar vínculos que permitan avanzar en las investigaciones.
Trabajo especializado y acompañamiento prolongado
Para enfrentar estos desafíos, URAVIT trabaja coordinadamente con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que cuenta con profesionales especializados en el análisis psicológico y social de este tipo de delitos. “No se trata solo de un trámite, sino de una especialización técnica para generar vínculos de confianza”, explicó Farren.
El acompañamiento que realiza la unidad no tiene un plazo fijo. En casos relacionados con bandas criminales, el apoyo puede extenderse incluso después de la sentencia si persisten los riesgos. “El acompañamiento depende exclusivamente de las necesidades del usuario. En casos vinculados a bandas criminales, el apoyo puede prolongarse mucho más allá de la sentencia”, precisó.
Un pilar silencioso del sistema judicial
Desde el Ministerio Público recalcan que la protección de víctimas y testigos es tan importante como la persecución penal.
Para el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, esta función es fundamental para que la justicia pueda avanzar. “La eficacia de la justicia no se mide solo en condenas obtenidas, sino en la capacidad del Estado para proteger la integridad de quienes se atreven a testificar”, señalan desde la institución.
En ese sentido, aunque muchas veces el trabajo de esta unidad se desarrolla con absoluta discreción para resguardar la seguridad de las personas, desde la Fiscalía destacan que se trata de un pilar esencial para evitar que el miedo termine imponiendo silencio en los tribunales.
Fuente: Fiscalía