La Bridec Metropolitana, con colaboración de Bridec Antofagasta, desbarató una asociación delictiva que estafaba bajo la modalidad “cuento del tío” con falsos ejecutivos bancarios, simulando operativos junto a la PDI y la Comisión para el Mercado Financiero. Hubo 21 allanamientos en el país, siete detenidos y decomisos por más de $100 millones en efectivo, además de vehículos y artículos de lujo.
Entre las víctimas figura la actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.
Un operativo de gran escala, liderado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI y ejecutado en coordinación con la Fiscalía Local de Ñuñoa–Providencia, permitió desarticular una organización dedicada a estafas de alto impacto económico que, según los antecedentes del caso, operaba incluso desde el interior de un centro penitenciario. El procedimiento contempló además la colaboración de unidades regionales, entre ellas Bridec Antofagasta, debido a que en esta región se incautaron especies vinculadas a la investigación.
La vocería del caso estuvo a cargo del subprefecto David Castro, jefe de Bridec Metropolitana; la fiscal Alejandra Godoy, de Ñuñoa–Providencia; y el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, quienes entregaron antecedentes sobre el trabajo investigativo que desembocó en siete detenciones de ciudadanos chilenos, sindicados como miembros de una asociación delictiva.
El subprefecto Castro señaló que “se logró establecer una agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad cuento del tío, falsos ejecutivos bancarios”, explicando que el modo de operar consistía en contactar a las víctimas para convencerlas de que terceros intentaban acceder a sus cuentas. En esa puesta en escena, dijo, los delincuentes afirmaban que el supuesto ejecutivo bancario estaba monitoreando la situación “junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero”.
De acuerdo con la explicación policial, el engaño incluía instrucciones concretas a las víctimas: “Le solicitaban que para evitar el fraude, retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo”. Así, “las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otra especie de valor que mantenían”, agregó Castro.
El relato de la PDI sostiene que parte de la banda usaba los productos bancarios obtenidos para seguir lucrando: “Parte de la banda utilizaba las tarjetas de crédito o débito… para efectuar compras ya sea físicas o por internet y también giros de dinero”. En paralelo, el dinero en efectivo también era destinado a adquirir bienes: “lo utilizaban también para comprar diferentes bienes tales como vehículos o incluso propiedades”, los que quedaban registrados a nombre de terceros. “Estos bienes quedaban a nombre de terceras personas conocidas como testaferros para que ellos no figuraran con ningún bien propio”, afirmó.
Un mapa de allanamientos y una arista regional
La magnitud del caso quedó reflejada en las diligencias realizadas: se concretaron 21 Órdenes de Entrada y Registro en San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos y Renca, además de procedimientos en La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, y una entrada y registro voluntario en Puente Alto.
La colaboración de Bridec Antofagasta se explica por la ejecución de diligencias en la región y por la incautación de especies asociadas al patrimonio de la organización. El operativo, según se informó, culminó con la incautación de $103 millones de pesos chilenos, 18 mil dólares, 2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles y un alto volumen de artículos de lujo: ropa, zapatillas, lentes, carteras y relojes, “todo de marca”.
Castro detalló que el día de la operación se logró “la detención de siete integrantes de esta organización, cuatro hombres y tres mujeres, cuatro en la ciudad de Santiago, dos en la ciudad de La Serena y uno en la ciudad de Iquique”. En cuanto a lo incautado, afirmó: “se logró la incautación de más de 18 mil dólares, más de 100 millones de pesos en efectivo, cinco vehículos y teléfonos celulares y además diferentes especies como joyas, carteras, ropa, todo de marca, esto último avaluado en 60 millones aproximadamente”.
La clave: teléfonos operando desde la cárcel
Uno de los elementos que más inquietud genera en este caso es la presunta operación desde recintos penales. La fiscal Alejandra Godoy explicó que la investigación se inició con la denuncia de una primera víctima: “es una investigación que se inicia a mediados del mes de octubre del año pasado con la denuncia de la primera víctima… alrededor de 500 millones de pesos”.
La fiscal relató que, en ese punto, la investigación partió con un número reducido de pistas: “sólo teníamos dos números telefónicos que empezamos a seguir… pedimos inmediatamente las autorizaciones al tribunal… y nos percatamos de que estos teléfonos estaban operando desde el interior de la cárcel”. A partir de ese hallazgo, agregó, se fueron detectando nuevos hechos: “nos dimos cuenta de que se había producido un segundo hecho, luego un tercer hecho, luego un cuarto hecho”.
Según Godoy, el perfil de víctimas y la reiteración de eventos llevaron a una conclusión mayor: “ya no esto no era la típica estafa común… nos damos cuenta de que más bien se trata de una red criminal que está operando no sólo desde el interior del penal, sino que tiene brazos operativos fuera del penal, y que están absolutamente interconectados, cada uno con roles definidos”.
En ese contexto, la fiscal sostuvo que el monto total del fraude se acercaría al umbral de los mil millones: “ya el monto del fraude en general está cercano a los mil millones de pesos, un poco más de los 900 millones de pesos”. En este caso se debe incluir una referencia específica: una de las víctimas fue la conocida actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.
Godoy añadió que, en paralelo, se solicitaron medidas patrimoniales: “logramos también que el tribunal nos autorizara el congelamiento de ocho cuentas bancarias” y “medidas cautelares… sobre tres bienes inmuebles”, con el objetivo de impedir que los imputados se desprendieran de activos, los que —según la fiscal— estaban a nombre de “palos blancos o testaferros”.
“Secuestro psicológico” y control sobre las víctimas
En una de las preguntas de prensa, la fiscal detalló cómo las víctimas se daban cuenta del engaño, describiendo una dinámica de presión y control sostenido: “una de las víctimas se dio cuenta al octavo día… otra al tercer día”, y añadió que en otros casos “las tenían… como de casi secuestro psicológico… las tenían nueve horas al teléfono”.
Godoy explicó que, además, “les entregaban un segundo teléfono para que sus familiares no sospecharan” y que la estafa podía extenderse por horas o días: “tengo relatos de víctimas que estaban cuatro horas, cinco horas, nueve horas conectadas al teléfono con los delincuentes”.
En uno de los episodios descritos, relató que, tras vaciar a la víctima, los delincuentes incluso montaron un “cierre” del engaño: “le envían… un vídeo temporal… de la supuesta detención de la banda y le dicen, vaya usted a tal cuartel policial… y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa”.
Roles definidos y ostentación: el ramo de billetes
Sobre la organización interna, Castro precisó que “las personas que están recluidas son las que realizan los contactos”, mientras fuera del penal operaban facilitadores y recolectores: “otras personas son las que concurren a los lugares a retirar el dinero… y otras son las que reciben los dineros y después los utilizan para comprar bienes… a nombre de un tercero… el testaferro”.
En materia de incautaciones, se consultó por un hallazgo particular: un ramo de rosas compuesto por billetes. Castro respondió: “se encontró este ramo de flores extraño, que en el fondo lo que demuestra es que quieren ostentar… alguna señal… para señalar que tienen dinero”.
Recomendaciones: cortar, verificar, no entregar claves
En un punto crucial, la vocería incluyó recomendaciones directas a la comunidad. Castro sostuvo que este tipo de estafa existe hace años, pero que en este caso “lo que llama la atención es la cantidad de perjuicio que existe”. Luego enfatizó: “cuando… empiezan a solicitar claves, porque eso jamás lo va a hacer un ejecutivo… la idea es cortar la llamada y de inmediato contactarse con el ejecutivo de uno”.
La recomendación, recalcó, es “cortar la llamada y tomar contacto con su banco para verificar si efectivamente se está haciendo una llamada desde ese banco”.
Finalmente, el seremi Alejandro Jiménez valoró el trabajo institucional: “es importante destacar el trabajo técnico y eficiente de la PDI en conjunto con la Fiscalía”, subrayando que el caso evidencia que “las bandas delictuales… también trabajan desde la cárcel”. En esa línea, aseguró que “sacaron de circulación una banda peligrosa… el daño patrimonial… ha sido inmenso”.
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