Consejo para la Transparencia advierte falencias críticas en publicación de información presupuestaria y financiera. Región no alcanzó el 65% de cumplimiento.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de su proceso de fiscalización 2025, el cual evaluó el cumplimiento de los 16 gobiernos regionales del país en materia de transparencia activa, es decir, la publicación y actualización mensual de información que establece la Ley de Transparencia. En este contexto, el Gobierno Regional de Antofagasta figura entre los cinco con peor desempeño a nivel nacional, sin superar el 65% de cumplimiento.
El informe reveló que el promedio nacional fue de 76,06%, el más bajo desde que comenzaron estas evaluaciones en 2010, confirmando una preocupante tendencia a la baja. En el caso específico de Antofagasta, el bajo nivel de cumplimiento la ubica junto a regiones como La Araucanía, Arica y Parinacota, O’Higgins y Los Lagos, todas por debajo del 65%.
Entre las principales falencias detectadas se encuentran serias deficiencias en la publicación de información presupuestaria y financiera. Según el CPLT, el cumplimiento en modificaciones presupuestarias llegó apenas al 35,7%, mientras que en lo referido a presupuesto asignado, solo alcanzó un 37,5%. A ello se suman bajos niveles de cumplimiento en otras transferencias (44,9%) y en información relacionada con la Ley N° 19.862 sobre registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos (46,9%).
También se identificaron inconsistencias entre la información enviada al CPLT y la efectivamente publicada en los sitios web oficiales de los gobiernos regionales, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de los datos disponibles para la ciudadanía.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “este consejo ha tomado y seguirá llevando a cabo de manera habitual estas fiscalizaciones, ya que ello permite observar el rendimiento histórico de los gobiernos regionales en transparencia. Gracias a este trabajo constante, podemos, por ejemplo, comparar estos resultados con los del año pasado, evidenciando que persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan por otras investigaciones”.
En cuanto a participación ciudadana y contrataciones, también se observaron déficits importantes. La publicación de mecanismos de participación alcanzó apenas un 50% de cumplimiento, mientras que las contrataciones de bienes y servicios y los contratos de propiedades llegaron a un 54,5%.
González recalcó que “poner a disposición de la ciudadanía la información pública que mandata la ley, es un primer paso para fiscalizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Ello permite a las personas conocer, analizar y escrutar cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”.
Solo cuatro regiones superaron el 90% de cumplimiento: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Biobío (90,6%). El contraste con regiones como Antofagasta pone en evidencia la falta de estándares mínimos comunes. “El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia”, agregó la presidenta del CPLT.
La fiscalización se llevó a cabo entre el 3 y el 20 de marzo, mediante una combinación de herramientas automáticas, revisión manual de portales de transparencia activa y contraste con información reportada por las mismas instituciones fiscalizadas. Finalmente, el CPLT hizo un llamado a los gobiernos regionales, incluyendo Antofagasta, a corregir de manera urgente las deficiencias detectadas, recordando que la transparencia es un pilar esencial de la democracia y de la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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