Rosalina Díaz cayó desde un piso 14 el 1 de junio. Su pareja fue formalizada por suicidio femicida y desacato, al incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a ella. El tribunal decretó prisión preventiva.
La muerte de Rosalina Díaz, joven que falleció el pasado domingo 1 de junio tras caer desde el piso 14 del edificio Nueva Costanera, en el sector norte de Antofagasta, está siendo investigada por la Fiscalía como un suicidio femicida, una figura penal incorporada recientemente a la legislación chilena.
En este caso, se formalizó al conviviente de la víctima, de iniciales F.A.C.S., por los delitos de femicidio íntimo en su modalidad de suicidio femicida y desacato en contexto de violencia intrafamiliar, ya que mantenía una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la joven o compartir domicilio con ella. A pesar de ello, ambos vivían juntos al momento de los hechos.
Durante la audiencia de formalización, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que esta nueva figura penal “sanciona a quien, con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer”.
Según los antecedentes expuestos, los hechos se desarrollaron al interior del departamento que ambos compartían, donde, en un contexto de violencia intrafamiliar sostenida, se habrían producido interacciones que derivaron en el suicidio de la joven. Personal policial que acudió al lugar confirmó que el imputado incumplía una medida cautelar, dictada anteriormente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que le ordenaba abandonar el domicilio y mantenerse alejado de la víctima.
El tribunal decretó prisión preventiva para el imputado, medida que deberá cumplir en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Este caso marca la primera vez que se formaliza un suicidio femicida en la región de Antofagasta, estableciendo un precedente en la aplicación de herramientas jurídicas específicas para abordar las consecuencias más extremas de la violencia de género.
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