Directora de Carrera Trabajo Social, sede Viña del Mar
Estudiante Doctorado en Estudios Psicológicos y Sociales del Bienestar
Universidad Santo Tomás
El género es comprendido como una construcción social donde se posicionan relaciones percibidas desde una matriz binaria entre lo masculino y femenino. En ambas estructuras, se impone al mundo un ordenamiento jerárquico en el que las relaciones que emergentes históricamente otorgan privilegios a lo masculino y subordinan a lo femenino (Segato, 2016).
Desde sus inicios, el modelo heteropatriarcal se ha perpetuado a través de diversos agentes socializadores como familia, medios de comunicación, educación, salud, leyes, etc., donde las normas de género forman parte del disciplinamiento que impone y que continúan reproduciendo prácticas de violencia, discriminación y desigualdad hacia las mujeres. A pesar del tiempo transcurrido y las múltiples discusiones sociales sobre el tema, persiste el cuestionamiento si aún se sigue normalizando la violencia, si el patriarcado y la heteronorma continúan siendo el único modelo legítimo y predominante, o si nos encontramos bajo una posición cultural y dominante de un sistema patriarcal.
En este sentido, la literatura sostiene que los agentes socializadores son reproductores de una cultura que naturaliza este modelo y la violencia de género en sus prácticas cotidianas. Estas prácticas están tan arraigadas que se trasmiten a través de las interacciones diarias, reproduciendo relaciones de dominación, poder y subordinación con un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, generado traumas y estragos en la salud mental, lo que representan una grave amenaza para su bienestar, el proyecto de vida y la paralización de sus actividades cotidianas.
Por ello, y ante esta deuda pendiente y la creación de políticas públicas reactivas en temas de género, los países deben ser capaces y tienen el deber de reportar los abusos contra los derechos humanos de las mujeres. De esta forma, se logrará incluir estos temas en las sus agendas públicas, así como la creación ministerios y oficinas, que permitan legislar sobre estas materias y reconocer aquellos derechos humanos que han vulnerados históricamente.
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