Los personeros de las Corporaciones de Asistencia Judicial exigieron a las actuales autoridades la consecución a la brevedad de una serie de protocolos que apuntan a mejorar la calidad de un servicio vital especialmente para la población más vulnerable.
A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica.
Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad.
Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a “honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores”.
“A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile”, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo.
En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país.
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