Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, fecha especialmente relevante en un contexto de digitalización acelerada, uso intensivo de plataformas digitales y aumento sostenido de fraudes informáticos, filtraciones de datos y prácticas de vigilancia algorítmica. Distintos informes coinciden en que el principal punto de vulnerabilidad no es exclusivamente tecnológico, sino humano y organizacional, lo que exige avanzar desde el discurso normativo hacia recomendaciones prácticas y aplicables para la ciudadanía. En este escenario, la protección de los datos personales se vuelve una responsabilidad cotidiana.
Los datos personales —nombre, RUT, ubicación, hábitos de consumo, imágenes, voz o información biométrica— se han consolidado como un activo estratégico para empresas y plataformas, pero también para redes delictuales. Investigaciones recientes en privacidad digital evidencian que el uso masivo de redes sociales, aplicaciones de geolocalización y sistemas de autenticación biométrica ha incrementado la exposición involuntaria de información sensible, especialmente en períodos como las vacaciones, cuando disminuye la percepción de riesgo. A nivel internacional, marcos regulatorios como el GDPR europeo y lineamientos de la OCDE refuerzan que la protección efectiva de los datos depende, en gran medida, de la alfabetización digital de las personas.
Durante los meses estivales se intensifican prácticas que elevan significativamente el riesgo digital, como la publicación en tiempo real de viajes y ubicaciones, el uso de redes Wi-Fi públicas sin medidas de seguridad o el aumento de fraudes digitales asociados a ofertas turísticas, reservas falsas o notificaciones de pago inexistentes. Estudios en ciberseguridad muestran que una proporción relevante de estas estafas se sustenta en la ingeniería social, aprovechando la confianza y distracción propias de los períodos de descanso.
Desde una perspectiva aplicada, es posible adoptar buenas prácticas de bajo costo y alto impacto, tales como configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales, desactivar la geolocalización innecesaria, evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones sensibles, activar la autenticación de doble factor, desconfiar de mensajes urgentes y actualizar periódicamente las contraseñas. Estas acciones reducen de manera significativa la probabilidad de incidentes de seguridad.
Un desafío emergente lo constituye la expansión de tecnologías basadas en reconocimiento facial, análisis de voz e inteligencia artificial para la verificación de identidad o edad. Investigaciones recientes advierten sobre sesgos algorítmicos, riesgos asociados al uso indebido de datos biométricos y déficits en los mecanismos de consentimiento informado, lo que obliga a exigir mayores estándares de transparencia, proporcionalidad y responsabilidad institucional.
En definitiva, la protección de los datos personales no es solo un problema técnico o jurídico, sino también un desafío cultural y educativo. En una sociedad crecientemente digital, la privacidad debe asumirse como un derecho fundamental y, al mismo tiempo, como una competencia ciudadana. Conmemorar el 28 de enero implica reconocer que la protección de datos comienza en las decisiones cotidianas y se fortalece mediante una articulación efectiva entre educación, regulación y uso responsable de la tecnología, tanto a nivel individual como institucional.
Miguel Sanhueza, académico Facultad de Ingeniería – UTEM
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