Sonapesca lamenta que aprobación de licitaciones deja a miles de trabajadores del jurel y anchoveta sin empleo

● El presidente del gremio de pesca industrial más grande del país, Felipe Sandoval, advirtió que la medida, que busca financiar a los pescadores artesanales, genera un fuerte impacto social en los trabajadores pelágicos —especialmente de jurel y anchoveta— que serán los más perjudicados, y podría comprometer en el futuro a especies clave como la reineta.

Esta tarde en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, se aprobó un artículo que propone licitar el 50% de la cuota pesquera industrial, en el marco de la Nueva Ley General de Pesca, proyecto del Gobierno que se tramita con suma urgencia. Aunque la medida busca financiar la plataforma social de los pescadores artesanales, desde el sector industrial surge preocupación por el impacto de la norma en la viabilidad de las empresas y en los miles de empleos que dependen de ellas.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, señaló que “lamentamos la aprobación de las licitaciones del 50% de los recursos pelágicos, que si bien buscan financiar la plataforma social de los pescadores artesanales, lo hacen a costa de un profundo impacto social derivado del desempleo en la pesca industrial. Por un lado, se generan fondos para apoyar a un sector; pero por otro, se provocan graves consecuencias laborales y sociales que dejan sin sustento a miles de familias”.

En esta línea, precisó que “los trabajadores pelágicos —especialmente de jurel y anchoveta— serán los más afectados, con consecuencias inmediatas en la Región del Biobío, así como en las regiones de Atacama, Coquimbo, Tarapacá y Arica. Miles de empleos se verán en riesgo, en su mayoría ocupados por mujeres”.

Además, indicó que tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento y la consecuente rebaja en las cuotas de captura producto de esta ley, “muchas compañías se verán obligadas a cerrar, dejando a miles de personas sin sustento laboral”.

Por otro lado, el presidente del gremio señaló que el argumento del diputado de la región de Aysén, según el cual la medida busca proteger a las regiones, no es válido, ya que la normativa podría afectar en un futuro a la reineta, un recurso clave para la zona, si se ampara bajo las disposiciones de las LTP, en el marco de la nueva Ley de Fraccionamiento.

“A esto se suma la creación de un nuevo déficit fiscal, ya que al destinar el impuesto específico del jurel a esta plataforma social, el Estado dejará de percibir recursos relevantes, sin que hasta ahora exista un informe financiero que respalde la medida”, señaló Sandoval.

Finalmente, el presidente del gremio recordó que diversos informes jurídicos —entre ellos el del abogado y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca— han advertido que esta norma sería inconstitucional.