- El INDH solicita informes a Senama, Seremi de Salud y la Municipalidad de Pitrufquén sobre la legalidad del recinto.
- Se busca determinar si el hogar contaba con resolución sanitaria y si existían denuncias previas de irregularidades.
- El organismo denuncia el abandono estatal y la existencia de residencias de ancianos operando fuera de la legalidad.
El organismo ofició a Senama, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Pitrufquén para establecer si el ELEAM de Villa Comuy tenía autorización sanitaria, si existían antecedentes de irregularidades y qué fiscalizaciones se realizaron antes del fatal incendio.
La tragedia que dejó 16 personas mayores fallecidas en una residencia de Villa Comuy, en Pitrufquén, abre ahora una serie de interrogantes sobre las condiciones en que funcionaba el establecimiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitó antecedentes a tres organismos públicos para determinar si el recinto tenía sus permisos al día, si existían denuncias o irregularidades previas y qué fiscalizaciones se habían realizado.
La sede del INDH en La Araucanía ofició al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), la Seremi de Salud y la Municipalidad de Pitrufquén, luego del incendio ocurrido la noche del 11 de septiembre, que además dejó a otras diez personas mayores sobrevivientes.
¿Tenía autorización sanitaria?
Una de las principales interrogantes planteadas por el organismo apunta a la situación sanitaria del establecimiento. A la Seremi de Salud se le solicitó informar si la residencia contaba con resolución sanitaria de funcionamiento, además de entregar el detalle de las fiscalizaciones efectuadas y señalar si existieron sumarios sanitarios y cuáles fueron sus resultados.
El INDH también pidió antecedentes sobre los sumarios instruidos a establecimientos y residencias de personas mayores de toda La Araucanía entre 2024 y 2026, además de información sobre aquellos recintos que funcionan sin autorización sanitaria.
INDH pregunta por posibles denuncias anteriores
A Senama se le solicitó informar sobre las residencias de personas mayores que operan sin autorización sanitaria en La Araucanía, junto con el detalle de las denuncias recibidas y las medidas adoptadas por el organismo entre 2024 y 2026.
En el caso específico de la residencia de Villa Comuy, el INDH busca conocer si Senama tenía antecedentes de irregularidades o denuncias y qué medidas se adoptaron después del incendio respecto de las diez personas mayores que lograron ser evacuadas.
El jefe de la sede regional del INDH, Federico Aguirre, sostuvo que la tragedia evidencia un problema que va más allá de lo ocurrido en Pitrufquén.
“La tragedia vivida devela la situación de abandono de la que son objeto muchas personas mayores, respecto de quienes el Estado tiene el deber de garantizar condiciones de vida digna”, señaló.
Aguirre agregó que lo ocurrido revela también una realidad que, a su juicio, como sociedad no se ha enfrentado adecuadamente, referida a la existencia de residencias para personas mayores que funcionan al margen de la legalidad.
Municipio deberá informar si conocía irregularidades
El tercer oficio fue dirigido a la Municipalidad de Pitrufquén. El INDH solicitó precisar si el municipio tenía conocimiento de eventuales irregularidades en el funcionamiento del ELEAM y si existían informes, denuncias, oficios o comunicaciones que hubieran advertido problemas en el establecimiento.
Además, pidió informar qué acciones se adoptaron frente a esos eventuales antecedentes, si la residencia recibía subsidios o aportes municipales, si formaba parte de algún convenio con la Oficina de Adulto Mayor y si alguna vez se fiscalizó la existencia de patente comercial y cuáles fueron los resultados.
INDH ya había advertido sobre residencias ilegales
El organismo recordó que en su Informe Anual de 2018 recomendó al Estado elaborar con urgencia un plan para detectar establecimientos de larga estadía que funcionaran ilegalmente, sancionar potenciales vulneraciones de derechos y favorecer la regularización de aquellos capaces de cumplir con los estándares exigidos.
El INDH también recordó que Chile ratificó en 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece obligaciones para el Estado en la protección de este grupo.
Los antecedentes solicitados a las tres instituciones permitirán al organismo analizar la existencia de eventuales vulneraciones de derechos y determinar las acciones de protección que pudieran corresponder.
Mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio que terminó con la vida de 16 personas mayores, los oficios del INDH abren una nueva arista: establecer en qué condiciones funcionaba la residencia de Villa Comuy y si las instituciones tenían antecedentes previos sobre eventuales irregularidades en el recinto.
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