El organismo detectó posibles irregularidades en la adquisición de 448 hectáreas en zona fronteriza y envió antecedentes al Ministerio Público por una eventual falsa declaración jurada.
La Contraloría Regional de Los Lagos advirtió riesgos en los procesos de compra de terrenos ubicados en zonas fronterizas, especialmente cuando los propietarios de empresas poseen doble nacionalidad, incluyendo ciudadanía de países limítrofes con Chile.
La alerta surgió tras una fiscalización a dos escrituras públicas firmadas en 2016 por las sociedades Inversiones Talavera Limitada e Inversiones Rumbo Sur SpA, relacionadas con la compra de 448 hectáreas en el sector Lago Lonconao, en la comuna de Futaleufú.
Según detalló el organismo fiscalizador, en las escrituras no se consignaron las nacionalidades de las personas integrantes de las sociedades involucradas.
De acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio de Bienes Nacionales establece que, por razones de interés nacional, los ciudadanos de países limítrofes no pueden adquirir bienes raíces ubicados total o parcialmente en zonas fronterizas chilenas. Esta prohibición también se extiende a sociedades cuyo capital pertenezca en un 40% o más a personas de esos países o cuyo control esté en manos de ellas.
En este caso, el representante legal de una de las empresas declaró bajo juramento que la sociedad no pertenecía ni estaba controlada por ciudadanos de países limítrofes con Chile. Sin embargo, antecedentes del Servicio de Impuestos Internos indican que un 32% de la propiedad corresponde a participación de ciudadanos argentinos.
Si bien dicho porcentaje no supera el límite establecido por la ley, la Contraloría estimó que la declaración jurada podría eventualmente constituir un delito.
“Ante lo expuesto, la Contraloría consideró que la declaración puede eventualmente revestir carácter de delito, por lo que envió los antecedentes al Ministerio Público”, indicó el organismo.
Además, la entidad remitió copia del oficio a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Bienes Nacionales, además de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, para que adopten medidas de control y fiscalización en este tipo de operaciones.
La Contraloría también advirtió sobre el riesgo que implica que compradores con doble nacionalidad puedan adquirir terrenos en zonas fronterizas omitiendo informar que poseen ciudadanía de países vecinos.
“Lo anterior, debido al riesgo que supone que compradores con doble nacionalidad adquieran terrenos fronterizos omitiendo tener, al mismo tiempo, la ciudadanía de un país limítrofe, vulnerando así la normativa”, señala el documento.