Contraloría detectó pagos sin respaldo, ayudas mal gestionadas, donaciones sin control y demoliciones cobradas que no se habrían ejecutado tras la emergencia de 2024.
A dos años del megaincendio que arrasó con miles de viviendas en la Región de Valparaíso, nuevas revelaciones vuelven a estremecer a la opinión pública. Cinco auditorías de la Contraloría Regional destaparon graves irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la emergencia, involucrando a la Delegación Presidencial, municipios y organismos técnicos.
Los informes —emitidos en enero de 2026— revisaron cómo se administraron fondos, donaciones, ayudas y contratos ejecutados tras el incendio que afectó principalmente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Pagos millonarios sin respaldo
Uno de los hallazgos más impactantes apunta a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. La auditoría detectó más de $586 millones en pagos no acreditados, asociados a servicios y adquisiciones para enfrentar la emergencia. También se identificaron:
- Posibles sobreprecios.
- Tratos directos sin justificación suficiente.
- Falta de controles para verificar servicios prestados.
Los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, además de instruirse sumarios administrativos.
Ayudas sin trazabilidad en Viña del Mar
En la Municipalidad de Viña del Mar, el informe reveló un escenario crítico en la gestión de ayudas y donaciones. Entre las observaciones más sensibles figuran:
- Beneficios entregados sin actas de respaldo.
- Entregas a personas sin FIBE.
- Donaciones en dinero no ingresadas al presupuesto.
- Bienes sin inventario en centros de acopio.
- Diferencias entre productos recibidos y entregados.
Incluso se detectaron kits donados que nunca llegaron a los damnificados y cuentas con fondos “empozados” sin uso.
Quilpué: donaciones perdidas y compras irregulares
La auditoría al municipio de Quilpué también evidenció desorden administrativo y fallas de control, entre ellas:
- Extravío de bienes donados.
- Entrega de ayudas sin registros formales.
- Recursos sin utilizar.
- Cocinillas adquiridas sin certificación SEC.
- Proyectos de reconstrucción sin avances.
Además, se detectaron cotizaciones realizadas incluso por WhatsApp y deficiencias en proyectos de servicios básicos de emergencia.
Demoliciones pagadas… pero no ejecutadas
Otro foco crítico estuvo en la Dirección Regional de Arquitectura, encargada de demoler viviendas siniestradas. El informe estableció pagos indebidos por más de $434 millones por demoliciones no realizadas o ejecutadas parcialmente, junto a fallas graves de contratación y control.
A esto se suman más de $782 millones cuestionados en demoliciones del sector El Olivar, con:
- Sobreprecios.
- Falta de respaldos.
- Irregularidades en adjudicaciones.
Emergencia sin controles suficientes
Las auditorías coinciden en un punto clave: la urgencia por responder al desastre no fue acompañada de sistemas de control robustos. Se detectaron:
- Falta de manuales de procedimiento.
- Ausencia de trazabilidad en ayudas.
- Debilidades en supervisión de contratos.
- Retrasos en resoluciones y pagos.
Un escenario que, según Contraloría, obliga a fortalecer la fiscalización del gasto público en contextos de emergencia.
Un tema de interés público
El megaincendio de febrero de 2024 dejó miles de damnificados y movilizó cuantiosos recursos estatales y donaciones privadas. Por eso, los hallazgos no solo remecen a las instituciones involucradas, sino que abren un debate mayor: cómo se administran los fondos cuando la urgencia exige rapidez, pero la transparencia sigue siendo irrenunciable.
Hoy, a dos años de la tragedia, la reconstrucción no solo enfrenta desafíos materiales, sino también cuestionamientos sobre el destino de los recursos que debían ayudar a levantar a las comunidades afectadas.
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