El 20% de los residuos domiciliarios que se generan en el país, esto es 1,5 millones de toneladas, se está disponiendo en rellenos sanitarios que ya cumplieron con su vida útil. Así lo revela la Radiografía de los residuos domiciliarios en Chile, elaborada por Kyklos junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
El informe advierte, además, que otro 21% de los residuos se deposita en instalaciones con menos de cinco años de vida útil restante. Todo esto ocurre en un contexto en que la construcción de un relleno toma aproximadamente 10 a 12 años en materializarse según datos del Ministerio del Medio Ambiente.
Las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Magallanes figuran entre las más afectadas, pues no cuentan con ningún sitio de disposición vigente, por lo que el 100% de sus residuos termina en rellenos que ya caducaron.
“Este es un problema ambiental, porque estamos llevando camiones llenos de materiales recuperables, el 80% no es basura, a sitios de disposición colapsados, pero también es un tema social porque nadie quiere un relleno en su comuna, y quienes más sufren son los vecinos que deben convivir con malos olores, filtraciones y otros impactos”, señaló Andrea Cifuentes, gerente de Economía Circular de Kyklos.
La falta de infraestructura obliga a que los municipios gasten gran parte de sus recursos en transporte. De hecho, el 73% del presupuesto destinado a la gestión de residuos se va en logística, lo que equivale a unos 475 millones de dólares anuales.
Algunas comunas deben trasladar su basura a más de mil kilómetros de distancia. Es el caso de Ancud, que actualmente dispone sus residuos en la ciudad de Los Ángeles, recorriendo 1.266 kilómetros por cada camión.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la ACHM, Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que “como Comisión de Medio Ambiente, esto nos da la fuerza para focalizar durante estos años nuestra gestión justamente en las municipalidades, que no cuentan con recursos humanos finalmente para poder hacer frente a toda una carga legislativa y de normas que tiene que ser coherente de un territorio con otro”, agregando “por eso es que esto es fundamental para poder elaborar política pública de calidad que refleje nuestra realidad”.
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