Entre presunción de inocencia y grave daño institucional

Jorge Astudillo, Académico de Derecho de U. Andrés Bello

La imagen de una ex ministra de la Corte Suprema detenida y esposada, saliendo de su domicilio a las 22:00 horas del domingo pasado en el contexto de la llamada “Trama Bielorrusa”, produce múltiples sensaciones en el mundo jurídico y político. Lo primero que corresponde afirmar es que, en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia constituye una garantía fundamental que debe ser resguardada y aplicada, especialmente en los casos que conmocionan a la opinión pública. Más aún en contextos digitales, donde los prejuzgamientos suelen ser rápidos, amplificados y difíciles de revertir.

El caso de Ángela Vivanco, investigada por presuntos delitos de corrupción, debe ser abordado precisamente desde ese principio. Será la justicia la que, en el marco de un debido proceso, determine si los hechos que se le imputan se configuran jurídicamente y si existe o no responsabilidad penal. Anticipar conclusiones no solo es injusto, sino que debilita las bases mismas del sistema que se pretende defender.

Sin embargo, afirmar la presunción de inocencia no implica minimizar el impacto institucional de lo ocurrido. La detención de una ex ministra del máximo tribunal no es un episodio que afecte solo a una ex funcionaria judicial y académica: remueve la confianza pública en las instituciones y refuerza la percepción de que la corrupción ha dejado de ser una anomalía aislada para transformarse en un riesgo estructural, incluso en espacios tan sensibles como el Poder Judicial.

Una de las claves para comprender este tipo de trayectorias dice relación con el tránsito hacia posiciones de poder sin contrapesos suficientes y con la tentación permanente de desdibujar los límites entre lo que se puede y lo que no se puede hacer en el ejercicio del poder. El poder político —y especialmente el judicial— exige estándares éticos más altos, no porque quienes lo ejercen sean moralmente superiores, sino porque el daño potencial de su desviación es infinitamente mayor para los derechos de las personas y la democracia.

Ver a una ex integrante de la Corte Suprema privada de libertad no es un golpe duro “por quien es”, sino por lo que representa. Representa la posibilidad real de que redes de influencia, conflictos de interés y prácticas opacas estén erosionando silenciosamente los cimientos del sistema judicial. Representa, además, el fracaso de mecanismos de control que no lograron detectar a tiempo señales de alerta que muchos actores del foro conocían o, al menos, intuían.

Este caso, más allá de su desenlace judicial, debiera reforzar una convicción largamente postergada: la lucha contra la corrupción no se gana solo con discursos ni con sanciones ejemplares a posteriori, aunque estas sean necesarias. Requiere marcos legales actualizados, recursos reales y sistemas efectivos de prevención, fiscalización y control. Sin inversión sostenida en integridad institucional, la probidad queda reducida a una mera expectativa moral.

La institucionalidad chilena no se debilita por investigar a quienes ejercieron el poder; se debilita si no extrae lecciones de estos episodios. Preservar la presunción de inocencia y asumir la gravedad del daño institucional no son caminos opuestos. Son, en rigor, dos caras de una misma exigencia democrática: justicia con garantías y poder con límites.