El anuncio del Mercado Mayorista Lo Valledor sobre la exigencia del carnet de identidad chileno para ingresar a sus dependencias a partir del primero de abril de 2024 ha generado un debate sobre la juridicidad e incluso, sobre las implicancias éticas de esta medida. Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en espacios públicos y privados, impulsada por la percepción de un aumento en la delincuencia.
Lo Valledor, siendo un espacio privado con acceso público, tiene la facultad de establecer ciertos requisitos para el ingreso de las personas, siempre y cuando estas medidas se alineen con las normativas constitucionales y legales vigentes y no incurran en prácticas discriminatorias. La solicitud de identificación se presenta como una medida razonable en este sentido, considerando que es una obligación ciudadana portar una identificación en Chile. Además, esta práctica no es ajena a otros espacios y contextos dentro del país.
Sin embargo, la preocupación surge cuando esta medida parece limitar el acceso únicamente a quienes poseen un carnet de identidad chileno, excluyendo potencialmente a personas que, aunque no poseen este documento, no se encuentran en situación irregular en el país, como los turistas. Esta exclusión podría interpretarse como una forma de discriminación, lo cual contravendría los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la legislación chilena y en los tratados internacionales ratificados por Chile.
No obstante, si la intención de Lo Valledor y su administración nunca ha sido prohibir el ingreso a extranjeros, sino asegurar que todas las personas, sean chilenas o extranjeras, presenten un documento oficial emitido por el Estado de Chile al ingresar, la medida cumple cualquier estándar de razonabilidad que descarta discriminación. En este sentido, la medida buscaría contribuir a mejorar la seguridad del espacio sin incurrir en discriminación, especialmente considerando que los extranjeros residentes en Chile están obligados a acatar las normativas de extranjería del país.
A pesar de estos argumentos, es probable que la medida termine siendo judicializada ante los tribunales, quienes finalmente van a determinar si ella se ajusta a los principios constitucionales y de no discriminación. Este caso podría sentar un precedente importante en la forma en que los espacios privados con acceso público abordan cuestiones de seguridad y derechos individuales en Chile. Mientras tanto, la comunidad y los visitantes de Lo Valledor estarán atentos a cómo se implementa esta medida y a las implicaciones que pueda tener para el acceso al mercado y para la convivencia dentro de dicho espacio.
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