Junto a miembros de la Bancada UDI, el diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez, ingresó esta semana un proyecto de ley que busca modificar el orden que debe observar el juez al momento de dictar sentencia y determinar el destino de los bienes decomiso por la Ley 20.000. Lo anterior, atendiendo a las necesidades actuales del país, donde a juicio del legislador es “imprescindible que los bienes decomisados en actividades delictivas se destinen principalmente al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad”.
“En concreto”, explicó Bórquez, “la idea apunta a generar los incentivos para luchar de forma efectiva contra el crimen organizado y otros delitos graves. La asignación de nuevos recursos a las fuerzas policiales permite la adquisición de equipos, tecnología avanzada y la realización de entrenamientos especializados, lo cual incrementa la capacidad operativa de las policías para enfrentar el crimen organizado y otros delitos graves”.
Explicando que “La redistribución de recursos ilícitos permite reinvertir en las comunidades más afectadas por el crimen, promoviendo programas de prevención del delito y de rehabilitación, lo que puede reducir la incidencia de actividades delictivas a largo plazo”, afirmó Bórquez.
En ese sentido, el representante del Distrito 26 aseguró que la disposición de recursos financieros también puede “facilitar la cooperación internacional en investigaciones y operaciones conjuntas contra el crimen transnacional, tal como se promueve en las convenciones internacionales ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes”.
En la misma línea, el uso de los fondos decomisados para financiar operaciones policiales representa una estrategia financiera eficaz que permite al Estado aliviar la carga económica asociada a la lucha contra el crimen.
Por ello, Bórquez subrayó que al canalizar estos recursos directamente hacia las actividades policiales, se logra un doble propósito: no solo se incrementa la capacidad operativa de las fuerzas del orden, sino que también se liberan fondos públicos que pueden ser reorientados hacia otros sectores cruciales para el bienestar general de la sociedad.
“Este enfoque permite una gestión más eficiente de los recursos del Estado, asegurando que se puedan atender otras áreas prioritarias como la educación, la salud y los servicios sociales, que son fundamentales para el desarrollo y la seguridad de la comunidad en su totalidad”, cerró el diputado Bórquez
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