Contraloría da la razón al diputado Mellado y golpea fuerte al nuevo proyecto de financiamiento de educación superior (FES)

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), impulsado por el Gobierno y que pretende ser el reemplazo del Crédito con Garantía Estatal (CAE), debe registrarse como gasto y no como activo del Estado, lo que implica que afecta directamente el balance fiscal del país. El pronunciamiento se originó a partir de un requerimiento presentado por el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, quien había advertido inconsistencias en la forma en que el Ejecutivo pretende contabilizar los recursos de este proyecto.

En términos generales, la Contraloría se cuadró con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), quien ya había mencionado que los mayores recursos que implica este sistema son activos financieros. “En vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”, señaló el ente dirigido por Dorothy Pérez. En términos simples, el órgano fiscalizador concluyó que los fondos comprometidos en el FES deben registrarse como gasto público y no como activo. Esta diferencia no es menor: mientras el gasto se contabiliza “sobre la línea”, afectando el balance fiscal estructural y la deuda pública, los activos se registran “bajo la línea”, sin impacto en las metas fiscales.

Tras conocerse el dictamen, Mellado fue enfático en decir que esperaba una resolución de este tipo. “Desde un principio dijimos que el FES no tenía sustento técnico ni fiscal, y hoy la Contraloría nos da la razón. Este proyecto afecta el balance nacional y compromete recursos que no están correctamente respaldados”. La resolución del órgano contralor representa un duro golpe para el Gobierno, que busca reemplazar el Crédito con Garantía Estatal (CAE) bajo una fórmula que fue presentada como sustentable y responsable. Sin embargo, el análisis técnico demostró que la propuesta generaba obligaciones financieras que no podían considerarse como inversión o activo, sino como gasto público real.

Desde La Araucanía, el legislador recalcó que este tipo de decisiones no sólo afectan las cuentas nacionales, sino que repercuten directamente en las regiones. “Cada peso mal registrado o mal utilizado en Santiago es un peso menos para la salud, la educación o la seguridad de nuestras comunas. Esto es una irresponsabilidad que causa un efecto dominó. El Ejecutivo intenta disfrazar un aumento del gasto, y eso es inaceptable. No se puede maquillar la contabilidad del Estado para mostrar equilibrio donde no lo hay”, cerró el parlamentario.

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