Graves denuncias laborales e irregularidades en la Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de La Araucanía (Amzoma)

Exfuncionarios acusan precariedad laboral, equipos vencidos y despidos antisindicales; la asociación niega los hechos.

La Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de La Araucanía (Amzoma), que reúne a los municipios de Temuco y Padre Las Casas, enfrenta una serie de denuncias por irregularidades laborales y administrativas en la comuna de Temuco.

Los cuestionamientos fueron presentados por exfuncionarios del área de seguridad, quienes relatan precariedad en sus condiciones de trabajo, uso de equipamiento vencido y despidos que la Dirección del Trabajo calificó como antisindicales.

El conflicto fue expuesto recientemente en un reportaje de Novena Digital, medio que expuso deficiencias estructurales y laborales dentro de la institución. Previo a esta publicación, Amzoma emitió un comunicado público negando categóricamente las acusaciones, asegurando que se trata de “informaciones falsas y malintencionadas” y anunciando acciones judiciales “por injurias y calumnias”, incluyendo la solicitud a tribunales para vetar los contenidos del medio, lo que fue criticado por el Colegio de Periodistas local.

Desde Novena Digital replicaron: “Hoy queremos responder a esas acusaciones, no con adjetivos ni declaraciones, sino con hechos comprobables. Revisaremos documentos oficiales de la Dirección del Trabajo, fallos judiciales y pruebas entregadas por los propios trabajadores que muestran una realidad muy distinta a la que Amzoma intenta instalar.”

Equipos en mal estado y chalecos antibalas vencidos

Entre las denuncias más graves están las condiciones del equipamiento de seguridad que utilizan los patrulleros y motoristas que trabajan en prevención del delito. Exfuncionarios relataron que “esos chalecos están completamente vencidos, tienen más de cinco años vencidos”, y que debían realizar labores de patrullaje nocturno y de control con indumentaria deteriorada, exponiéndose a riesgos constantes.

Amzoma, en tanto, sostuvo en su comunicado que todos los chalecos antibalas vencen recién en 2033, sin embargo, los denunciantes entregaron fotografías y registros donde se observan fechas de caducidad anteriores y elementos de protección en mal estado. “Los exfuncionarios identificaron claramente esos equipos como los mismos que usaron y que ya estaban vencidos al momento de prestar servicio”, señala el medio.

Respecto a las motocicletas de patrullaje, Amzoma aseguró que en abril de 2025 se realizaron mantenciones y que el 4 de julio se licitó un servicio completo para asegurar el parque vehicular. No obstante, la Inspección Provincial del Trabajo constató algo distinto: el 15 de julio suspendió siete motos por “filtraciones de líquido hidráulico, fallas graves en los frenos y aceleraciones peligrosas”.

Un exfuncionario describió la situación con crudeza: “Las motos no tenían pastillas de freno, había motos que no frenaban, literalmente no frenaban, porque en la telescópica el líquido se estaba filtrando hacia las pastillas de freno delanteras. No sé cómo no tuvieron accidentes, de milagro.”

Tres meses antes de esa fiscalización, el 7 de abril de 2025, un trabajador había enviado un correo a la jefatura de Amzoma y al municipio de Temuco detallando que las motos tenían motores con pérdida de refrigerante, sistemas de transmisión gastados y unidades fuera de servicio por accidentes. En el mismo correo se advertía que “las motos habían superado los 6 mil kilómetros sin cambio de aceite”, y que los uniformes estaban “desteñidos, rasgados y en condiciones indignas para prestar un servicio de seguridad”.

Trabajadores en riesgo y falta de condiciones básicas

Las denuncias también se centran en el riesgo físico y emocional al que se ven expuestos los trabajadores. Ya en enero de 2025, en el acta del Concejo Municipal, el concejal Mario Jorquera expresó respecto a los funcionarios que estas personas realizan labores de alto riesgo, con turnos prolongados, enfrentando directamente situaciones de violencia urbana sin contar con la protección adecuada.

Durante esa sesión, el edil señaló que los informes y presentaciones institucionales “son muy bonitos”, pero que “a veces las cosas se deben arreglar por dentro”. Agregó que, si existían 70 trabajadores con solo dos o tres baños disponibles, era evidente que la precariedad interna debía abordarse antes de exhibir resultados públicos.

Jorquera leyó en sala partes de un informe sindical donde se denunciaban despidos de dirigentes, licencias médicas por “acoso y prácticas antisindicales”, y condiciones laborales que calificó de indignas. Entre los párrafos leídos, citó:

“En cuanto a nuestros dos socios desvinculados fueron reincorporados a través de gestión sindical por la Dirección del Trabajo, por vulneración de derecho fundamental… actualmente tenemos tres socios con licencia psicológica, dos emitidas por la mutual por prácticas antisindicales y Ley Karin.”

Y agregó otro fragmento del mismo documento que le hicieron llegar los trabajadores a fines de 2024: “El viernes 20 de diciembre, post fuero sindical de los socios vencido el día sábado 14, fueron desvinculados tres socios sindicales del primer Sindicato de Trabajadores Amzoma: Fabiola Pacheco, Roberto Gatica, nuevamente, luego de su reincorporación… además de la señorita Lorena Araneda, psicóloga y socia sindical profesional.”

El concejal sostuvo que era necesario que la Dirección de Seguridad Pública informara qué había de cierto en los hechos relatados, advirtiendo que el deterioro de la gestión laboral “termina afectando la calidad y seguridad del trabajo en terreno”.

Respuestas municipales: Amzoma es una entidad privada

Frente a las acusaciones, la abogada Muriel Maturana, del Departamento Jurídico del municipio, intervino en la sesión de enero para aclarar que los trabajadores de Amzoma no son funcionarios municipales, sino empleados de una entidad de derecho privado regida por el Código del Trabajo.

Explicó que el vínculo entre la Municipalidad de Temuco y la asociación se establece solo mediante un convenio de colaboración, y que los reclamos laborales deben ser conocidos por la Inspección del Trabajo.

Consultada directamente por Jorquera, la abogada Daniela Sanzana, representante de Amzoma, reiteró que “el municipio no es solidariamente responsable”, y que la asociación -que es liderada por los alcaldes y cuyo directorio lo conforman concejales- “se hace responsable de lo que corresponda como indemnizaciones o cualquier circunstancia de materia civil”.

Muriel Maturana recalcó que la ley de subcontratación solo obliga al municipio a resguardar el cumplimiento de las obligaciones laborales básicas, pero no lo hace empleador directo.

Finalmente, el entonces director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, Israel Campusano, defendió la legalidad del convenio, asegurando que “el cumplimiento legal de las funciones de los colegas que trabajan en Amzoma está completamente cubierto por la legislación que permite la asociación de municipalidades”, respaldado por dictámenes de la Contraloría. Agregó que el modelo aplicado en Temuco “no es el primero de su tipo” y que se ha replicado en otras comunas del país para fortalecer la seguridad local.

Una estructura bajo tensión política

Aunque Amzoma es jurídicamente privada, su conducción política, como se dijo, está en manos de las máximas autoridades comunales. Su directorio está compuesto por Roberto Neira Aburto (presidente y alcalde de Temuco), Mario González Rebolledo (vicepresidente y alcalde de Padre Las Casas), Alejandro Bizama Tiznado (secretario y concejal de Temuco), además de otros ediles de las dos comunas no actualizados aún en la información oficial. Aunque el comunicado oficial que defendió la gestión fue firmado por el secretario ejecutivo de Amzoma, Manuel Torres Soto, la representación política recae en los alcaldes, lo que mantiene abierta la discusión sobre la responsabilidad institucional frente a los hechos denunciados.

Entre la precariedad y la defensa institucional

El caso Amzoma ha puesto en evidencia una tensión entre el discurso de seguridad pública y las condiciones reales de quienes la ejecutan. Los funcionarios que patrullan las calles en motocicletas o realizan rondas nocturnas —bajo frío, lluvia o situaciones de riesgo— denuncian hacerlo con uniformes vencidos, vehículos defectuosos y sin protección suficiente.

Por su parte, el municipio y la asociación han respondido que la responsabilidad es exclusiva de Amzoma, intentando marcar una separación jurídica que, sin embargo, no despeja la responsabilidad política de las autoridades comunales que integran su directorio.

La intervención del concejal Mario Jorquera en el concejo municipal del 7 de enero no solo reflejó preocupación por las denuncias laborales, sino también por la seguridad y dignidad de los propios trabajadores. Su llamado a revisar “lo que ocurre por dentro” anticipa un debate mayor sobre la gestión de los recursos públicos destinados a seguridad y sobre la línea difusa que separa la labor municipal directa de la tercerización a través de asociaciones intercomunales.

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