Expertos cuestionan viabilidad de recurso internacional que interpondrá la familia Llaitul

Advierten que la denuncia anunciada por la familia del líder de la CAM ante la CIDH carece de sustento sólido y responde a una estrategia política más que a una vulneración real de derechos.

La familia de Héctor Llaitul, líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mes, según lo anunciado en diciembre por su hijo, Weftui Llaitul Pezoa, estudiante de Derecho.

La acción judicial busca denunciar «diversas vulneraciones» que, según la familia, su padre habría enfrentado tanto en la cárcel como durante su proceso judicial. Llaitul fue condenado a 23 años de prisión por incitación y apología a la violencia, además de usurpación violenta, hurto y ataque contra la autoridad.

Expertos consultados señalaron dudas respecto a la viabilidad de este recurso. Richard Caifal, abogado y exgobernador provincial de Cautín, explicó que aunque Llaitul tiene derecho a recurrir a la CIDH, se trata de un proceso de largo aliento en el que inicialmente el organismo tiene un plazo de tres años para resolver la admisibilidad de la denuncia. De ser acogida, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caifal destacó que, aunque la CIDH tiene una sensibilidad especial hacia quienes presentan este tipo de denuncias, el sistema judicial chileno ha respetado los principios jurídicos, el debido proceso y el derecho a la defensa. «Los delitos de los que se le acusan fueron acreditados ante la justicia», sostuvo. También advirtió que estas acciones no reflejan vulneraciones reales por parte del sistema judicial chileno, y agregó que, en este caso, la intención parece ser más política que jurídica.

Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur y académico de la Universidad Andrés Bello, señaló que para que Llaitul obtenga un resultado favorable en la Corte IDH, deberá acreditar la vulneración de uno o más derechos humanos resguardados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, señaló que «a la luz de cómo fue el proceso penal en que fue condenado, no se observa ninguna infracción a la referida convención, ni tampoco en la ejecución de la pena».

«Es paradójico que el líder de una organización que ha afectado gravemente derechos fundamentales recurra a tribunales internacionales para defender los propios», afirmó Urquizar.

Fuente: El Mercurio

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