Senador Huenchumilla reitera posición “en contra” del texto constitucional: “Se abre una caja de Pandora (…) hasta el año 5 o 6, va a haber que estar dictando leyes”

El parlamentario reafirmó su punto político sobre el escenario de “incertidumbres” e “incertezas jurídicas” que abriría, a su juicio, la aprobación de la propuesta: de los 38 proyectos de ley que ésta mandata, los plazos para el ingreso de las iniciativas legales oscilan entre 6 meses, 5 años y algunos plazos indeterminados, sin considerar tiempos de tramitación. También acusó que la propuesta incorpora normas con el fin de abarcar “propósitos políticos contingentes”.

El senador Francisco Huenchumilla reafirmó su posición “en contra” de la propuesta constitucional a votarse el próximo 17 de diciembre, por considerar que el largo entramado legislativo que demandará su implementación abrirá un escenario de “pura incertidumbre”. Así lo detalló en un video ampliamente difundido a medios de prensa.

“Si uno examina los 68 artículos transitorios del proyecto de la Constitución, se da cuenta que hay que dictar una batería de leyes para poder implementar esa Constitución (…) la derecha siempre busca certeza, que hay que generar confianza, certidumbres, estabilidad. Y resulta que aquí se abre una caja de Pandora, porque hasta el año 5 o 6 va a haber que estar dictando un montón de leyes”, recalcó el parlamentario.

El legislador recordó que él mismo escribió una columna de opinión, publicada en el medio nacional El Desconcierto, donde enumera “artículo por artículo, todo lo que hay que hacer (…) este es un proyecto constitucional que lo único que hace es abrir un laberinto de cosas inexplicables, de proyectos que hay que trabajar y sacar adelante en el Congreso”, aseveró.

“¿Cuánto nos vamos a demorar en eso? Más de un periodo presidencial y vamos a estar, todavía, sin tener una Constitución definitiva. Pura incertidumbre. Por eso hay que rechazarla”, aseguró.

Detalle y “objetivos políticos” en la propuesta

Efectivamente el legislador difundió en detalle, hace un par de días, el profundo entramado legal que implicaría la aprobación de la propuesta constitucional.

El parlamentario recalcó, mediante una columna de opinión, que de ganar la opción a favor “tendríamos a lo menos unos 5 años matemáticos (es decir, sin considerar el plazo de tramitación de los proyectos de ley en el Congreso) para presentar las iniciativas legales que adecúen y/o complementen el ordenamiento legal a los preceptos de la nueva Constitución”, indicó.

Lo anterior fue traducido por el vicepresidente del Senado como “un mundo de incertidumbres respecto de la forma que tomará la nueva legislación, sin considerar la correlación de fuerzas del Congreso respecto de su aprobación, rectificación o las enmiendas que generarán, por su parte, todo un escenario de incertezas políticas y de interpretaciones jurídicas”.

En dicha publicación, el legislador ejemplificó que la propuesta constitucional hace referencia a 38 proyectos de ley; el mismo texto mandata plazos para el envío de los mismos –de 6 meses a 5 años–, pero tampoco lo hace con todos. La propuesta mandata a lo menos 3 iniciativas legales para las cuales no especifica periodos de envío.

Entre otras críticas, el parlamentario también agregó que en la propuesta hay tipos de normas que “incurren en la determinación de objetivos políticos indudables”: uno de los más importantes es “que todos los regímenes previsionales vigentes son conformes a la Constitución” –lo que busca consagrar constitucionalmente la pervivencia de las AFP–.

Otros ejemplos de lo mismo, citados por Huenchumilla, son que la propuesta fija en sí misma las autoridades regionales designadas por el presidente –el delegado presidencial regional y el delegado presidencial provincial, evitando cualquier tipo de cambio al respecto–; o determina que el límite de edad no rige para ministros de la Corte Suprema en vigencia.

Por último, el senador identificó “propósitos políticos contingentes” en algunos mandatos que la propuesta constitucional le impone al Estado, como establecer la fecha de actualización de escaños para abril de 2024, u ordenar los programas estatales de protección a víctimas en un servicio único, entre otros ejemplos.

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