La parlamentaria advirtió que la querella vulnera derechos resguardados por la Ley de Caletas y pidió garantizar el acceso y funcionamiento tradicional de la comunidad pesquera.
Latente continúa el conflicto entre la Inmobiliaria Agua Dulce S.A. y la comunidad pesquera artesanal de la Caleta Puerto Manso, en Los Vilos, luego de que la empresa presentara una querella contra dos pescadores por la ocupación e instalación de viviendas en un terreno de su propiedad.
La causa, que se tramita en el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna, acusa el delito de usurpación no violenta (art. 458 del Código Penal). Los querellados son pescadores artesanales pertenecientes a una comunidad con presencia y faenas históricas en ese territorio, utilizado durante décadas para labores productivas, resguardo de equipos y actividades comunitarias, muy anteriores a la llegada de la inmobiliaria.
A esta disputa se suma el problema del acceso a la caleta. Si bien la Resolución Exenta N°215 de 1985 del Ministerio de Bienes Nacionales autorizaba el ingreso de los pescadores, el propio Ministerio informó recientemente -en respuesta a un oficio de la diputada Nathalie Castillo– que dicho acceso atraviesa un terreno privado y, por lo mismo, no constituye un bien nacional de uso público.
El origen del conflicto administrativo radica en que aquella resolución fue solo una autorización temporal y no una servidumbre legalmente constituida. Nunca se realizó el procedimiento de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces que habría otorgado carácter permanente y obligaciones explícitas al propietario del terreno.
Frente a estos antecedentes y considerando que la caleta opera hace más de dos siglos, la diputada Nathalie Castillo expresó su respaldo a los pescadores, subrayando que esto no es un conflicto entre particulares, sino la afectación de un oficio protegido por la Ley de Caletas.
“No podemos permitir que se les trate como usurpadores cuando han habitado, trabajado y protegido este territorio desde mucho antes de la llegada de la inmobiliaria. La ley es clara: los terrenos son de utilidad pública y pueden ser expropiados para garantizar su continuidad. Aquí se debe defender no un negocio privado, sino la identidad, el oficio y los derechos históricos de nuestros pescadores artesanales de Puerto Manso”, afirmó.
La parlamentaria advirtió además que la inmobiliaria habría reducido el área operativa de la caleta, afectando el trabajo pesquero y los ecosistemas rurales.
“Nuestra tarea hoy es evitar un desalojo anticipado e injusto y exigir que, ante cualquier decisión judicial, se esclarezca la situación administrativa, territorial y comunitaria del lugar. No se puede desalojar una caleta activa, con historia, reconocimiento y respaldo legal. No se trata de un caso judicial: es un caso de dignidad, identidad y derechos. Por lo tanto, estaremos acompañando la defensa de un oficio tradicional, la soberanía alimentaria y el respeto que merece la pesca artesanal como patrimonio vivo de nuestro país”, concluyó Castillo.
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