Pesca Artesanal asegura que más de 100 mil familias del sector requieren una plataforma social que contemple cotizaciones y fondos de emergencia

Organizaciones que integran la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal entregaron ayer un documento al Biministro, Álvaro García en el que piden que la reciente Plataforma Social aprobada en la comisión de Pesca de la Cámara Baja contemple beneficios sociales para los pescadores artesanales y sus familias.

Para los dirigentes del sector artesanal hoy la iniciativa, tramitada en el marco de la nueva Ley de Pesca requiere que se le introduzcan cambios permanentes de protección, apoyo y desarrollo para las familias que viven de esta actividad.

En ese sentido, el texto entregado ayer al subsecretario de Pesca, Julio Salas indica que la Plataforma Social debe considerar un seguro obligatorio contra accidentes y fallecimientos en faena, que proteja a hijos y viudas de pescadores; cobertura de salud para pescadores y sus familias; cotizaciones previsionales y acceso a pensiones dignas, un fondo de estabilización para las pesquerías, además de programas de capacitación, reconversión productiva y fortalecimiento organizacional.

Asimismo, solicitan la incorporación de un fondo de emergencia para enfrentar desastres naturales, contaminación marina o cierres de pesquerías y aumentos de recursos para INDESPA para apalancar al sector artesanal y con ello mejorar procesos, productividad y sostenibilidad.

Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) quien participó ayer en la reunión con el subsecretario Salas dijo que, “esta medida no solo daría respuesta a una deuda social histórica, sino que también entregaría estabilidad y formalización a más de 100.000 familias que dependen de la pesca artesanal a lo largo del país”.

Sobre el financiamiento de la iniciativa dijo que, “es de toda justicia que se financie mediante la recaudación proveniente de las Licencias Transables de Pesca Industrial (LTP-B), porque este mecanismo permitiría legitimar el sistema de asignación de derechos de pesca, corrigiendo así los vicios y privilegios originados en la antigua Ley Longueira.

Sobre el punto, Cortés aseguró que, “la licitación parcial de las cuotas industriales es, además, un mecanismo de transparencia y competencia económica que se ajusta a las recomendaciones de la OCDE y de los principales organismos internacionales en materia de manejo pesquero”.

Cortés señaló que también le reiteraron al subsecretario de Pesca la necesidad de que la nueva ley asegure una participación real y vinculante de las organizaciones artesanales en los comités de manejo y en la toma de decisiones sobre los recursos pesqueros. “La experiencia demuestra que la sustentabilidad solo es posible con la participación de quienes viven y trabajan en el mar.

El dirigente insistió a la autoridad en la necesidad de que el gobierno se comprometa a acelerar trámites pendientes como: Ley de remanentes y Unificación de especies

“Le dijimos al subsecretario para que se lo transmitiera al ministro García que la pesca artesanal chilena no pide privilegios, pide justicia y dignidad.Estamos convencidos de que avanzar en estos puntos no solo fortalecerá a las comunidades costeras, sino que también dará legitimidad y estabilidad política a la nueva ley, asegurando su permanencia en el tiempo”, concluyó Cortés.