La inflación se entiende tradicionalmente como un aumento sostenido y generalizado de los precios. Pero esta definición no solo sirve para saber cuánto han subido los bienes y servicios a lo largo del tiempo, sino que también para dimensionar cómo esos cambios afectan la capacidad real de las familias para sostener sus niveles de consumo y, por ende, su bienestar económico.
En Chile, el control de la inflación en torno al rango meta del Banco Central ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades políticas y económicas en los últimos años, y su cálculo oficial se materializa a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que cada mes realiza el INE.
Al igual que en los países europeos, esta estimación se basa en la noción de “gasto” representativo, es decir, la canasta del IPC refleja lo que efectivamente desembolsa un hogar promedio de la población a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Sin embargo, las personas pueden disfrutar de bienes sin desembolsar un gasto mensual por ellos.
En esa línea, un nuevo informe del Instituto UNAB de Políticas Públicas propone complementar la forma actual de medir el IPC, con una aproximación fundada en un enfoque del “costo económico” representativo, como se hace en Estados Unidos. En esta metodología se reconoce que el hecho de no pagar directamente por un bien no significa que no tenga un valor económico para mantener un determinado nivel de vida.
Un ítem donde este ajuste cobra especial relevancia es en vivienda. En la canasta oficial del IPC – que utiliza la metodología del “gasto”-, el ponderador de arriendo es cercano a un 7%, ya que un porcentaje relevante de la población -los propietarios- no gasta en arriendo. Esto se traduce en que el IPC actual subestima el costo económico en vivienda, porque asume que los propietarios no gastan en ese ítem. El pago de dividendos hipotecarios es considerado una inversión, no un gasto.
Propuesta complementaria para medir el IPC en Chile
Con estos antecedentes, el Instituto UNAB de Políticas Públicas, y con el fin de proveer un insumo más preciso para la focalización y diseño de políticas públicas, estimó nuevos ponderadores para la canasta de consumo, utilizando el ítem Arriendo Imputado en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Con este ajuste, los investigadores de la UNAB buscaron calcular cuánto costaría vivir como lo hacen las familias propietarias, y evaluar en qué medida la nueva metodología se diferencia de la estructura de gasto de la familia representativa tradicional.
El estudio, asimismo, contrastó la evolución del precio del arriendo utilizado por el INE en el cálculo de IPC con otras fuentes oficiales como la encuesta CASEN, análisis que evidenció señales de subregistro o atenuación de sus variaciones reales en el cálculo oficial. Así, se encontró que el índice de precios de arriendo construido a partir de la CASEN supera sostenidamente al índice de arriendo del IPC con datos del INE, registrándose diferencias de 64% acumuladas entre la CASEN 2009 y la CASEN 2022.
Bajo esta nueva mirada, que incorpora gastos imputados —como el arriendo equivalente para los propietarios de viviendas—, los investigadores del IPP UNAB estiman que el peso del arriendo pasaría de representar un 7% en la canasta general actual -de gasto representativo- a cerca de un 22% en la canasta de costo representativo.
Con los cambios anteriores, el informe de la Universidad Andrés Bello concluye que la inflación calculada usando el método estadounidense es 1,2% anual superior a la inflación que calcula el INE, brecha cuyo efecto acumulado podría generar implicancias relevantes en el diseño o ajuste de políticas públicas sensibles a la inflación, como en beneficios sociales, salarios o pensiones.
Otro hallazgo del estudio es que, mientras la metodología de gasto representativo indica que en el período 2011-2025 las remuneraciones de las familias chilenas crecieron 1,87% anual por sobre sus gastos en términos reales, la nueva propuesta de costo representativo indica que las remuneraciones han crecido solo 0,60% anual por sobre cuánto costaría “vivir como” la familia chilena promedio.
Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello analizó estas conclusiones y afirma que “los precios de compra y arriendo de viviendas han aumentado con fuerza desde 2013. Bajo la metodología estadounidense, que incluye el costo económico de la vivienda en el IPC, la inflación de la última década subiría 1,2% anual”.
En esa línea, Valdés indica que “este nuevo cálculo del IPC posiblemente habría alterado decisiones monetarias, fiscales y privadas. Por ejemplo, el Banco Central hubiera subido eventualmente la tasa de política monetaria el 2014 y un salario ajustado con esta metodología sería 20% mayor al actual, tomando como base el año 2010”.
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