El 64% de los apoderados percibe el Sistema de Admisión Escolar (SAE) como una tómbola. Esa desconfianza, expresada en el último Panel Ciudadano UDD, contrasta con el diagnóstico de la Mesa Técnica convocada por el MINEDUC: el SAE garantiza transparencia, eficiencia y no discriminación, y no debe ser reemplazado, sino perfeccionado. El desafío, entonces, no es derrumbar el sistema, sino actualizarlo para que la igualdad de oportunidades dialoge con el reconocimiento del esfuerzo académico.
La Mesa ofrece una hoja de ruta concreta. Proponer crear Establecimientos de Alta Exigencia Académica que puedan seleccionar —a partir de 7.º básico— un porcentaje de alumnos según el rendimiento anterior, manteniendo al menos el 40 % de vacantes para criterios de equidad. Esta banda de selección, limitada y regulada, corrige el vacío meritocrático sin reabrir la segregación del pasado. Además, sugiere elevar del 15 % al 50 % la cuota de estudiantes prioritarios en todos los colegios y agregar nuevos criterios de priorización para necesidades especiales y revinculación. En otras palabras, meritocracia sí, pero inserta en un marco vigoroso de justicia social .
Tres pasos políticos son urgentes:
El SAE puede evolucionar hacia un modelo híbrido que premie el mérito, proteja a los más vulnerables y devuelva legitimidad al proceso. Pero la ventana se estrecha: cada año de incertidumbre erosiona la confianza de las familias y, con ella, el valor simbólico de la educación como vehículo de movilidad social.
¿Seguiremos atrapados entre el azar y la selección, o seremos capaces de crear un sistema donde mérito e inclusión convivan en la misma sala de clases?
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