Corte Suprema confirma decisión del Consejo para la Transparencia: Consorcio de Universidades Estatales deberá informar acerca de recursos recibidos asociados a Convención Constitucional ​

La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relacionada con la ejecución de los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para realizar programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional. Dicha transferencia de recursos se materializó a través de la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.

La resolución se produce luego de que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitara al CUECh acceso a la información señalada y este se negara a entregársela, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio. Asimismo, y en lugar de responder, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias y, en definitiva, se impidiera la entrega de los antecedentes requeridos. El tribunal, sin embargo, desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT.

No contento con ello, el CUECh apeló ante la Corte Suprema, tribunal que volvió a desestimar su posición, confirmando que el consorcio —en tanto organismo que administra fondos públicos y que cumple una función pública como “cooperador de la función Estatal”— está sujeto a las obligaciones de transparencia activa y pasiva establecidas en la Ley de Transparencia, y, en definitiva, debe entregar la información requerida.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, valoró esta decisión subrayando que “Este fallo es sumamente relevante, pues confirma el criterio jurisprudencial que el CPLT ha venido aplicando. Si hay fondos públicos involucrados y se cumple una función pública administrativa, independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social”.

Con este fallo del 22 de abril del presente año, se allana el camino para que la ciudadanía conozca el detalle de la labor realizada por el CUECh en el marco del apoyo que prestó a la Convención Constitucional y por el cual recibieron cerca de 1000 millones de pesos de recursos fiscales.