- Se propone un programa estatal de acompañamiento permanente para menores víctimas de delitos sexuales hasta los 18 años.
- La iniciativa surge tras la controversia por rebajas de condena a agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia.
- El diputado subraya que el apoyo psicológico y de seguridad debe continuar incluso después de concluido el proceso penal.
El parlamentario por La Araucanía anunció que propondrá un programa de acompañamiento permanente para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, incluso después del término del proceso penal. La iniciativa apunta a fortalecer el apoyo psicológico, el seguimiento y la protección estatal, mientras exigió medidas urgentes para las víctimas de agresores beneficiados con rebajas de condenas.
El diputado por La Araucanía, José Montalva (PPD), anunció que propondrá la creación de un programa de acompañamiento permanente para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, que permita extender el apoyo del Estado más allá del término del proceso penal y, al menos, hasta que cumplan 18 años.
La iniciativa fue planteada en medio de la controversia por las rebajas administrativas de condenas otorgadas durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Según los antecedentes difundidos por Bío Bío, 33 de los 56 condenados identificados obtuvieron rebajas de penas y recuperaron su libertad. Entre los casos examinados figuran informes de Gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia.
Frente a estos antecedentes, Montalva cuestionó la falta de certezas sobre la situación actual de las víctimas y planteó que la responsabilidad del Estado no debe terminar con la sentencia judicial.
Durante una entrevista en el programa La Voz de los que Sobran, el parlamentario advirtió sobre la necesidad de acompañar a los menores afectados incluso después de concluido el proceso penal.
“¿Cuántas víctimas que han sido declaradas, digamos, por un tribunal, con un condenado, el Estado les sigue dando acompañamiento? Es decir, termina el proceso penal y todo el acompañamiento a la víctima se queda absolutamente sola”, sostuvo.
En ese contexto, Montalva planteó que no basta con impulsar reformas legales sobre el cumplimiento de las penas, sino que también se requiere fortalecer la respuesta del Estado hacia quienes sufrieron estos delitos.
“Tenemos que hacer un programa de gestión que pueda apoyar a niños, niñas y adolescentes y sus familias post causa penal cuando han sido víctimas”, afirmó.
El diputado manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, especialmente cuando los delitos ocurren en el entorno familiar o cercano. En ese sentido, planteó que el acompañamiento estatal debiera considerar apoyo psicológico, seguimiento de las condiciones de seguridad y evaluación de eventuales riesgos de nuevas vulneraciones.
“Si la herida después de una violación o de delitos de estas características queda para toda la vida, bueno, a lo menos asegurémonos que el Estado los va a acompañar, va a monitorear, va a resguardar, va a ver los riesgos que tienen de algún otro abuso sexual en esas familias, en esos niños”, señaló.
En esa línea, anunció expresamente la iniciativa que buscará impulsar, “yo lo que voy a proponer es un programa de acompañamiento permanente para niños que han sido víctimas de este tipo de delitos, por lo menos hasta que cumplan 18 años, a lo menos”.
Protección inmediata para las víctimas de condenados liberados
Paralelamente, durante un punto de prensa, Montalva exigió que los organismos públicos adopten medidas urgentes para determinar la situación de las víctimas de quienes fueron beneficiados con rebajas de condenas.
“¿Qué ha pasado con las víctimas? ¿Se están enterando por los medios de comunicación de que sus agresores hoy día están en libertad, o el Estado con sus capacidades se ha podido contactar con esas víctimas, ha podido ofrecer apoyo psicológico?”, cuestionó.
Asimismo, llamó a la Defensoría de la Niñez, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio Público a revisar la situación de las personas afectadas, determinar si cuentan con medidas de protección y evaluar la asistencia que puedan requerir.
“Acá hay víctimas que no son abstractas, que son verdaderas, que existen, que tienen grados de vulnerabilidad altos, pero no sabemos cuáles son, no sabemos si están siendo atendidas o no por el Estado, no sabemos si tienen una medida de protección o no”, enfatizó.
Finalmente, el legislador insistió en que las discusiones sobre eventuales responsabilidades políticas y reformas legislativas no pueden postergar la protección de las personas afectadas.
“Nosotros pedimos antes que todo, antes que cualquier proyecto de ley, antes que cualquiera reformulación a la legislación vigente, podamos consignar quiénes son las víctimas, qué grado de vulnerabilidad tienen y cómo se les entrega protección hoy, no mañana, hoy a cada una de ellas”, concluyó.
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