- Los 20 consejeros regionales rechazaron la propuesta de distribución de fondos de Saffirio.
- El Ejecutivo y el CORE mantienen versiones opuestas sobre el origen de los proyectos seleccionados.
- El gobernador recurrió a Contraloría para aclarar las competencias de ambos órganos regionales.
Los 20 consejeros regionales rechazaron la distribución propuesta por el gobernador para los fondos del 8%, cuestionaron su versión de lo ocurrido y exigieron una rectificación pública. Mientras Saffirio recurrió a Contraloría para zanjar las atribuciones de ambos órganos, las versiones chocan en un punto clave: si el CORE pretendía incorporar proyectos fuera de la evaluación técnica o redistribuir recursos únicamente entre iniciativas ya recomendadas.
La controversia por los fondos del 8% dejó de ser una discusión técnica sobre una nómina de proyectos y escaló a uno de los conflictos políticos más relevantes de la actual administración regional. El rechazo unánime de los 20 consejeros a la propuesta del gobernador René Saffirio, la declaración pública del Consejo Regional y la decisión del Ejecutivo de recurrir a Contraloría enfrentan hoy a los dos órganos que deben conducir conjuntamente el Gobierno Regional de La Araucanía.
Saffirio solicitó a la Contraloría Regional un pronunciamiento sobre el alcance de la facultad del CORE para aprobar, modificar o sustituir la nómina del concurso Vinculación con la Comunidad. El gobernador sostiene que su propuesta de 1.271 iniciativas responde a los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y que debe resguardarse el cumplimiento de las bases. “Voy a perseverar en cuanto a que se respeten las facultades del gobernador y las del Consejo Regional, para que ninguno de los dos órganos […] traspasen las facultades de uno u otro”, señaló.
Dos versiones incompatibles sobre un punto clave
El choque más evidente está en una afirmación contenida en los antecedentes difundidos por el Ejecutivo. Allí se señala que el CORE exige sustituir la propuesta del gobernador “por una lista propia que incluye iniciativas fuera del tramo técnico aprobatorio”, argumentando que el puntaje no sería vinculante y que la Ley N.º 19.175 lo faculta para modificar la distribución.
Los 20 consejeros regionales niegan categóricamente esa versión. En su declaración pública sostienen que fueron 2.053 los proyectos que obtuvieron Recomendación Favorable, cumplieron la evaluación técnica exigida por las bases y quedaron habilitados para continuar en el proceso. “Nuestra propuesta se construyó exclusivamente dentro de ese universo, sin alterar las bases, puntajes, evaluaciones técnicas ni admisibilidad”, afirmaron.
La diferencia no es menor. Si la versión del CORE es correcta, los consejeros no habrían pretendido incorporar iniciativas técnicamente rechazadas, sino establecer una priorización distinta dentro de los proyectos que ya habían superado la evaluación. En ese escenario, la controversia cambia de eje: la pregunta pasa a ser si el Consejo Regional tiene o no la facultad legal de modificar la distribución propuesta por el gobernador.
La consejera Marita Gutiérrez reforzó públicamente esa posición: “Jamás vamos a vulnerar la ley, ni mucho menos cambiar las bases de un concurso como él intenta poner en vista”. Los consejeros sostienen que su alternativa buscaba incorporar criterios de equidad territorial, generación de empleo y fortalecimiento de la economía familiar.
Veinte consejeros contra la propuesta del gobernador
El segundo elemento que da peso político al conflicto es la unanimidad. No se trata de un grupo opositor al gobernador: los 20 integrantes del CORE, provenientes de distintas sensibilidades políticas y representantes de diferentes territorios, rechazaron el Mensaje N.º 160. Según la declaración del órgano colegiado, la propuesta fue rechazada por los 20 consejeros y solo contó con el voto favorable de Saffirio.
“Los 20 consejeros regionales hemos rechazado una mala propuesta del gobernador”, afirmó Gutiérrez. La consejera remarcó que, pese a las diferencias políticas, territoriales y de visión existentes dentro del Consejo, todos coincidieron después de varias semanas de revisión en votar en contra.
La declaración conjunta añade otro antecedente que tensiona las versiones. Los CORE aseguran que durante semanas trabajaron una propuesta alternativa en sesiones y jornadas de análisis “en las que también participaron equipos del propio Gobierno Regional”. El oficio presentado por Saffirio a Contraloría, en cambio, cuestiona que esa propuesta no hubiese sido presentada previamente por escrito al secretario ejecutivo del CORE ni estuviera incorporada en la tabla de la sesión extraordinaria. Una cosa no necesariamente excluye la otra, pero ambas afirmaciones muestran que el desacuerdo alcanza también la forma en que se desarrolló el proceso.
Los CORE exigen una rectificación
La disputa subió otro escalón cuando el Consejo Regional cuestionó directamente el relato del Ejecutivo. “Lamentamos profundamente que se haya instalado la idea de que los consejeros regionales pretendíamos cambiar las reglas, alterar puntajes o quitar recursos a algunas organizaciones para beneficiar a otras ‘elegidas por nosotros’. Ese relato no se condice con lo ocurrido”, señalaron en su declaración.
Los 20 consejeros fueron todavía más lejos y exigieron a Saffirio “rectificar públicamente sus declaraciones y ofrecer las disculpas correspondientes”. Para el CORE, presentar su actuación como un intento de cambiar las reglas desconoce una atribución que consideran expresamente reconocida por la Ley N.º 19.175: aprobar, modificar o sustituir propuestas del gobernador en la distribución de recursos del FNDR.
Las cifras dan fuerza al debate por la equidad territorial
Más allá de la controversia jurídica, las cifras permiten entender por qué la discusión territorial adquirió tanta relevancia. De los 1.271 proyectos incluidos en la propuesta del Ejecutivo, 1.040 corresponden a Cautín, equivalentes al 81,83%, mientras 231 pertenecen a Malleco, un 18,17%.
La diferencia también aparece por comunas. Temuco concentra 201 iniciativas; Padre Las Casas, 142; Nueva Imperial, 89; Carahue, 66; y Pitrufquén, 61. En contraste, Lonquimay y Ercilla registran 5 cada una; Curacautín, 8; Melipeuco, 10; Cholchol, 11; Renaico, 12; Perquenco y Curarrehue, 13; y Los Sauces, 16.
Estos números no permiten atribuir una intención política a la distribución elaborada por el Ejecutivo, pero sí evidencian una concentración territorial significativa. Es precisamente allí donde el planteamiento de los consejeros encuentra uno de sus principales argumentos: aseguran que buscaban dar mayor espacio a organizaciones rurales, comunidades indígenas y clubes deportivos que, por las características de sus territorios, no siempre compiten en igualdad de condiciones.
Un conflicto que ya alcanza la gobernabilidad
La unanimidad del rechazo transforma el episodio en algo mayor que una diferencia por un concurso. Cuando los 20 consejeros regionales rechazan una propuesta del Ejecutivo, contradicen públicamente una afirmación central de su versión, exigen una rectificación y el conflicto termina en Contraloría, la relación entre los dos componentes del Gobierno Regional aparece seriamente tensionada.
Gutiérrez atribuyó directamente parte del problema a la relación con el Ejecutivo. “Lamentablemente, el poco diálogo que el gobernador siempre ha mostrado, su mala disposición para con el Consejo Regional, nos lleva a estar en esta situación”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente reconoció la necesidad de recomponer esa relación: “Él y nosotros, el Consejo Regional, tenemos que seguir trabajando juntos”.
La negativa de los 20 CORE corona además una serie de episodios comunicacionales que durante el mandato han ido trasladando diferencias institucionales al espacio público. En este caso, la escalada resulta especialmente visible: discusión por la distribución, rechazo unánime, versiones contradictorias sobre los proyectos que podían ser financiados, declaración conjunta, exigencia de disculpas y finalmente Contraloría. El problema ya no se limita a qué se decide, sino también a cómo se dialogan, construyen y comunican las decisiones.
Contraloría puede zanjar lo jurídico, no el problema político
El pronunciamiento de Contraloría será determinante para establecer cómo opera la facultad del CORE de aprobar, modificar o sustituir propuestas frente a las reglas específicas del concurso. Si respalda la interpretación de Saffirio, el gobernador obtendrá un importante respaldo jurídico. Pero incluso en ese escenario seguirá abierta la discusión sobre cómo incorporar equidad territorial cuando el resultado de una evaluación concentra el 81,83% de los proyectos seleccionados en Cautín y deja el 18,17% en Malleco.
Si esa corrección no puede introducirse en la etapa final, el desafío será incorporarla previamente en las bases de futuros concursos mediante criterios objetivos de distribución territorial, ruralidad, vulnerabilidad o aislamiento. Así podría resguardarse la evaluación técnica sin dejar fuera las profundas diferencias existentes entre comunas y provincias.
El propio CORE ha dicho que la puerta al diálogo sigue abierta. Y allí probablemente esté el desafío más complejo para Saffirio y los consejeros: Contraloría podrá definir quién tiene razón respecto de las atribuciones, pero no reconstruirá por sí sola una relación política que terminó con los 20 representantes del Consejo Regional votando contra la propuesta del gobernador. Recomponer esa gobernabilidad será indispensable cualquiera sea el resultado jurídico de la controversia.
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