- El Centro de Padres acusa al DAEM de Temuco de vulnerar sus derechos y ejercer persecución administrativa.
- Denuncian la destitución irregular de la presidenta del CPA y el uso de su situación familiar en su contra.
- Se solicita la intervención urgente de la Superintendencia de Educación tras el sumario a un inspector del colegio.
Apoderados acusan al DAEM de Temuco y a la dirección subrogante del establecimiento de vulnerar derechos de representación, generar divisiones internas y ejercer acciones persecutorias contra integrantes de la comunidad educativa. Solicitan fiscalización de la Superintendencia de Educación y una investigación sobre los hechos denunciados.
Una grave denuncia fue presentada por la directiva del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural Mollulco de Temuco, quienes solicitaron la intervención urgente de autoridades fiscalizadoras frente a una serie de situaciones que, según señalan, estarían afectando la convivencia escolar, la participación de las familias y el normal desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Uno de los principales puntos planteados corresponde a la situación de la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, quien, de acuerdo con la denuncia, habría sido destituida de su función y se le habría prohibido ingresar al establecimiento, impidiéndole ejercer su rol de representación de las familias.
La directiva sostiene que esta medida constituiría una vulneración del derecho de asociación y participación de los apoderados, invocando para ello las normas que regulan el funcionamiento de los centros de padres y apoderados.
Acusan utilización de situación familiar para generar una destitución
Otro de los aspectos más sensibles de la denuncia apunta a la forma en que, según los apoderados, se habría utilizado una situación familiar que afectó al hijo de la presidenta del CPA.
La organización afirma que el accidente sufrido por el menor habría sido utilizado como una oportunidad para impulsar acciones administrativas en contra de la representante de las familias, aprovechando su ausencia y situación de vulnerabilidad familiar.
Desde el Centro de Padres califican estos hechos como un supuesto “montaje administrativo” y aseguran que se habrían levantado acusaciones que consideran falsas y carentes de fundamento legal y ético.
Los denunciantes plantean que la situación debe ser investigada para determinar si existieron acciones coordinadas destinadas a apartar a la presidenta del CPA de sus funciones de representación.
Inspector también habría sido removido y sometido a sumario
También expone la situación de un inspector del establecimiento que anteriormente habría asumido como director subrogante.
Según la denuncia, el funcionario habría sido removido de sus funciones y posteriormente sometido a un sumario administrativo debido, entre otros factores, a su disposición a escuchar y respaldar la gestión del Centro de Padres. En este contexto, los apoderados señalan que el funcionario habría manifestado, mediante una circular o comunicación interna, su oposición a dar curso a la destitución de la encargada de convivencia escolar, medida que esta última habría solicitado.
De acuerdo con el relato entregado por los apoderados, posteriormente la encargada de convivencia habría concurrido a la oficina del entonces director subrogante para cuestionarlo por dicha determinación, planteándole si esa actuación constituía una maniobra para sacar de su cargo a la presidenta del Centro de Padres. Los denunciantes vinculan estos hechos con el posterior conflicto y con la medida administrativa adoptada en contra del funcionario, situación que, a su juicio, podría configurar un eventual acto de persecución o represalia.
Los apoderados sostienen que dicho procedimiento tendría un carácter persecutorio y que previamente se habrían desarrollado reuniones cerradas entre funcionarios y un grupo de apoderados, desde donde habría surgido una solicitud dirigida al DAEM.
La directiva solicita que se investigue la legalidad y los fundamentos del procedimiento administrativo, además de determinar si existieron presiones, coordinaciones o eventuales represalias destinadas a afectar al funcionario por su relación con la organización de padres y por las decisiones adoptadas durante su período como director subrogante.
Preocupación por la convivencia escolar y pertinencia territorial
La denuncia también manifiesta preocupación por lo que los apoderados califican como un deterioro de la convivencia interna y una pérdida de pertinencia respecto de las características de una comunidad educativa rural.
En ese contexto, cuestionan que el DAEM no habría adoptado, a su juicio, medidas suficientes frente a los conflictos internos y acusan que determinados funcionarios permanecerían en sus cargos pese a las situaciones denunciadas.
La organización sostiene que las diferencias entre integrantes de la comunidad estarían afectando directamente el ambiente escolar y el bienestar de los estudiantes, por lo que solicita que las autoridades competentes intervengan antes de que el conflicto continúe profundizándose.
Solicitan fiscalización de la Superintendencia de Educación
Ante la gravedad de los antecedentes expuestos, el Centro de Padres y Apoderados solicitó formalmente al parlamentario realizar gestiones de fiscalización ante las autoridades correspondientes.
Entre las medidas solicitadas se encuentra oficiar al alcalde de Temuco para que informe sobre la legalidad y los fundamentos de la prohibición de ingreso de la presidenta del CPA al establecimiento, además de entregar antecedentes respecto del sumario administrativo iniciado contra el inspector.
Asimismo, solicitan oficiar a la Superintendencia de Educación de La Araucanía para que realice una fiscalización en terreno y determine si existen vulneraciones a los derechos de los apoderados y eventuales irregularidades relacionadas con la convivencia y participación de la comunidad educativa.
Finalmente, la directiva pidió una audiencia urgente en la oficina parlamentaria en Temuco, instancia en la que pretende entregar documentación y antecedentes físicos que, según señalan, respaldarían los hechos denunciados.
Desde el Centro de Padres recalcan que su objetivo es que los antecedentes sean investigados por los organismos competentes y que se garantice el derecho de las familias a participar en la comunidad educativa, junto con recuperar un clima de respeto, diálogo y convivencia que permita resguardar el bienestar de los niños y niñas de la Escuela Rural Mollulco.
Cabe señalar que las acusaciones contenidas en la denuncia corresponden a la versión y antecedentes entregados por la directiva del Centro de Padres y Apoderados, y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
En este contexto, la directiva del Centro de Padres y Apoderados informó que hará llegar formalmente esta denuncia a todos los parlamentarios de la Región de La Araucanía, mediante una carta en la que se expondrán los antecedentes y situaciones que, según sostienen, han afectado a la comunidad educativa de la Escuela Rural Mollulco. La denuncia busca poner estos hechos en conocimiento de los representantes de la región y solicitar su atención y eventual intervención, dentro de las atribuciones que correspondan, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y al resguardo de los derechos de la comunidad escolar.
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