SECTOR PRIVADO CREA LA ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS PARA COMBATIR EL CONTRABANDO Y LA PIRATERÍA EN CHILE

● *Diversas industrias se unieron para contribuir al combate al
comercio ilegal, el contrabando y las falsificaciones, advirtiendo que
estos mercados son el motor financiero de otros delitos violentos.*

Esta mañana diversas industrias del sector privado se unieron para formar
la primera *Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI)*, una
iniciativa que busca articular una colaboración estratégica con las
autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desnormalizar la
compra de bienes en el comercio informal en Chile.

La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el
avance de la criminalidad y la pérdida de los espacios públicos. De acuerdo
con el reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, preparado por
la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas
causan un daño al fisco valuado en aproximadamente US$ 1.500 millones al
año, y el sector privado gasta casi US$ 2.700 millones para protegerse del
crimen organizado.

Ante este escenario, empresas líderes de diversas industrias adoptaron una
postura activa y de corresponsabilidad corporativa frente a una
problemática que, señalan, afecta por igual a ciudadanos, empresas y al
Gobierno, advirtiendo que el contrabando, el comercio ilícito y las
falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de
otras actividades ilegales.

Esta coalición está integrada por *BAT Chile, Duracell, Empresas SB,
L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial*. Es presidida
por *Arturo Alessandri*, abogado del estudio *Alessandri Abogados*, y busca
impulsar iniciativas públicas bajo la premisa de que el sector privado
desempeña un rol fundamental en el respaldo de la gestión gubernamental.

“Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece
una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales,
facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos
diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales como sobre el costo
del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser
un paraguas para compartir información y generar actividades apoyadas por
la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el
Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de
pasar a la acción”, señala Arturo Alessandri, presidente de la ANEI.

*Respaldo transversal*

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del mundo privado,
de la sociedad civil y del público, como el subsecretario de las Culturas y
de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a “los actores
de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a
una nación más segura para todos”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial,
agregó que: “Las empresas deben dar un paso al frente aportando datos
concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen
organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas
herramientas de siempre”.

Por su parte, Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y
miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la
Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó el valor de la
alianza: “El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca
maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de
negocio. Las economías ilícitas crecen silenciosamente, alimentan este
fenómeno y generan un enorme costo social y fiscal para Chile. Para
derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y
responder con una estrategia unificada entre los sectores público y
privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental”.

*Propuestas gremiales*

La institución propone establecer una política de Estado que perdure más
allá de los cambios de gobierno, con el fin de ser un aporte transversal
para todas las administraciones.

Entre sus propuestas principales, se contemplan:

1. La formación de una *asociación público-privada* (ANEI) que reconozca
al empresariado como un aliado estratégico en el combate a las economías
ilícitas, capaz de aportar valor mediante herramientas como la cooperación
en materia de información y tecnología.
2. Apoyar la creación de un *Sistema Nacional de Información
Interinstitucional*, que actúe de manera independiente y guíe los
esfuerzos público-privados.
3. *Unificar el discurso público sobre las economías ilícitas* con el
fin de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que
terminen con la romantización de este fenómeno, especialmente en el
comercio.
4. *Formalizar los mecanismos de cooperación público-privada* en materia
de combate a las economías ilícitas para garantizar su continuidad y su
evaluación constante.
5. Implementar un *sistema eficiente para la gestión de bienes
incautados* que permita aplicar la destrucción temprana o reutilización
social de los bienes decomisados, con el objetivo de liberar capacidad
operativa en bodegas, juzgados y aduanas.

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