Durante años, familias denunciaron que pacientes oncológicos del Hospital Regional fueron derivados a ensayos clínicos privados sin información clara. Hoy, un informe de Contraloría confirmó irregularidades, accesos indebidos a fichas clínicas, conflictos de interés y posibles faltas a la probidad que reabren uno de los casos más graves de la salud pública en el sur de Chile.
La historia ya era conocida en Temuco. No se trata de un escándalo nuevo ni de un caso recién descubierto. Las denuncias circulaban desde hace años en los pasillos del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, entre funcionarios que hablaban en voz baja y familias que, en medio del dolor y la desesperación por salvar a sus seres queridos, comenzaron a preguntarse si habían sido engañadas.
Pero esta semana el caso volvió a instalarse con fuerza luego que la Contraloría Regional de La Araucanía emitiera el Informe Final N° 887 de 2025, documento que confirmó una serie de graves irregularidades vinculadas a los oncólogos Eduardo Yáñez Ruiz y Patricio Yáñez Weber, padre e hijo, quienes durante años ejercieron funciones en el principal hospital público de la región mientras paralelamente administraban negocios privados ligados a ensayos clínicos y medicina nuclear.
La auditoría de Contraloría confirmó que ambos médicos derivaron pacientes oncológicos desde el sistema público hacia el Centro de Investigación del Cáncer James Lind, entidad privada de la cual eran propietarios, utilizando antecedentes clínicos obtenidos gracias a sus cargos y participación en el Comité Oncológico del hospital.
El informe además constató accesos indebidos a fichas clínicas, participación irregular en reuniones médicas, retiro de biopsias por terceros y ausencia de consentimientos informados en distintos casos analizados.
Pacientes vulnerables y denuncias de engaño
Aunque las sospechas eran conocidas desde hace años, el informe entregó respaldo institucional a una trama que ya había sido revelada públicamente en septiembre de 2024 por el reportaje de Mega Investiga “¿Pacientes o conejillos de indias?: Probaron drogas experimentales sin informar”, investigación que estremeció a La Araucanía al exponer testimonios de familias que denunciaban haber sido utilizadas en medio de un negocio millonario asociado a la experimentación clínica.
Uno de los relatos más impactantes fue el de Malva González, diagnosticada con cáncer colorrectal etapa 4 en 2019. Su familia aseguró que la mujer respondía favorablemente al tratamiento en el sistema público hasta que en 2022 recibió un llamado del doctor Patricio Yáñez, quien le habría ofrecido un “nuevo tratamiento” con un 90% de probabilidades de sanación.
La familia, aferrada a cualquier esperanza, aceptó. Sin embargo, sostienen que jamás se les explicó claramente que Malva ingresaría a un ensayo clínico experimental. Según relataron, el médico incluso los apresuró a firmar documentos argumentando que “estaba apurado”.
Tras ingresar al Centro James Lind, la salud de la mujer comenzó a deteriorarse rápidamente. Vinieron los vómitos, la postración y el agravamiento acelerado de su condición. Malva falleció en enero de 2023.
Sus cercanos hoy aseguran que fueron tratados como “objetos de lucro”.
Otro caso que generó profundo impacto fue el de Jessica Figueroa, paciente con cáncer de mama que relató haber sido derivada desde el Hospital Regional de Temuco hacia el centro privado sin una explicación clara sobre el verdadero carácter del tratamiento.
Con el paso de los meses sufrió trombosis y expansión del cáncer hacia el cerebro. Cuando intentó regresar al sistema público, se encontró con una pesada burocracia que demoró casi un año en reincorporarla al hospital. Durante todo ese tiempo permaneció sin tratamiento. “Me sentí como una conejilla de indias”, relató en el reportaje televisivo.
Funcionarios del propio hospital describieron el mecanismo como un “secreto a voces”. Bajo reserva y por temor a represalias, señalaron que los médicos utilizaban el Comité Oncológico para revisar fichas clínicas y seleccionar pacientes susceptibles de ser incorporados a estudios privados.
Lo que confirmó Contraloría
La auditoría estableció que Eduardo Yáñez y Patricio Yáñez continuaron participando en sesiones del Comité Oncológico incluso después de haber dejado formalmente de integrarlo en noviembre de 2023, accediendo igualmente a antecedentes médicos altamente sensibles de pacientes oncológicos.
El organismo fiscalizador también detectó accesos indebidos a fichas clínicas por personas vinculadas al centro privado, solicitudes y retiros de biopsias efectuados por médicos que no eran tratantes y ausencia de consentimientos informados en distintos casos revisados.
Uno de los antecedentes más graves corresponde a una exfuncionaria cuya cuenta informática permaneció activa hasta agosto de 2024 pese a haber dejado el hospital en abril de 2021. Durante ese período accedió a fichas clínicas de 765 pacientes.
Además, Contraloría detectó que 570 de los 1.555 usuarios que ingresaron a fichas clínicas revisadas no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado.
La investigación también comenzó a revelar posibles irregularidades administrativas y eventuales vulneraciones a la probidad. Entre los antecedentes conocidos figura que ambos médicos habrían registrado asistencia en el hospital en días donde se encontraban fuera del país, incluyendo viajes a Estados Unidos, España, Perú, Argentina y México, sin descuentos salariales.
También se conoció que Eduardo Yáñez viajó a Argentina mientras mantenía una licencia médica de reposo total emitida por un colega ligado al propio Centro James Lind. A ello se suma que el mismo Eduardo Yáñez autorizaba personalmente permisos y feriados legales de su hijo Patricio, pese al deber legal de abstención.
El millonario negocio detrás de los ensayos clínicos
Detrás de toda esta trama aparece también una gigantesca dimensión económica. Mega Investiga reveló que laboratorios internacionales como Merck, Sanofi y Bristol Myers pagan altas sumas de dinero a centros privados capaces de reclutar pacientes para probar medicamentos experimentales.
Según los antecedentes recopilados, los Yáñez habrían obtenido “cuantiosas ganancias” mediante este esquema de captación irregular desde el sistema público. Pero James Lind no era el único negocio ligado a los oncólogos.
Eduardo Yáñez Ruiz y Patricio Yáñez Weber también aparecen vinculados a ICOS, Sociedad Médica Nuclear ICOS Limitada, un centro de medicina nuclear ubicado en Temuco y administrado por ambos médicos.
Por esta razón, Contraloría ordenó al hospital calcular eventuales reintegros de remuneraciones pagadas por días no trabajados, implementar marcaje biométrico obligatorio y establecer protocolos estrictos para la investigación en seres humanos y el manejo de datos sensibles.
Un sumario eterno y una investigación penal abierta
Pese a la gravedad del caso, el sumario administrativo iniciado por el Hospital Regional en 2021 aún no termina. El proceso ha pasado por cinco fiscales distintos debido a sucesivas inhabilitaciones y terminó incluso siendo cuestionado judicialmente.
En junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió parcialmente un recurso presentado por los propios médicos y ordenó al hospital cerrar la investigación dentro de un plazo de 60 días debido a la excesiva demora. Sin embargo, el nuevo informe de Contraloría confirma que el procedimiento seguía todavía en etapa de descargos tras la formulación de cargos a funcionarios involucrados.
Paralelamente, la Fiscalía Regional de La Araucanía mantiene abierta una investigación por posibles delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y violación de secreto.
La PDI ya allanó el Centro James Lind, incautando computadores, fichas clínicas y abundante documentación. Además, el informe final de Contraloría fue remitido tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.
Según Mega Investiga, los médicos reconocieron fuera de cámara haber contactado pacientes utilizando fichas clínicas del hospital público, aunque justificaron aquello bajo la idea del “bien superior del paciente”, argumentando que buscaban ofrecer tratamientos inexistentes en el sistema estatal.
Se definieron además como “los fundadores de la oncología en el sur de Chile”.
Pero para las familias afectadas, la historia es completamente distinta.
Hablan de personas humildes, vulnerables, golpeadas por el cáncer y aferradas a cualquier posibilidad de sobrevivir. Personas que, según denuncian, jamás entendieron realmente que estaban ingresando a experimentos clínicos privados financiados por la industria farmacéutica.
Y hoy, años después de las primeras denuncias, el informe de Contraloría volvió a sacar a la luz una pregunta brutal que sigue golpeando a La Araucanía: ¿Hasta dónde puede llegar el negocio detrás de la desesperación de pacientes con cáncer?
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