
La Fiscalía reveló una red integrada por exfuncionarias municipales y particulares que habría manipulado casi 300 permisos de circulación para rebajar ilegalmente sus valores. En los allanamientos se incautaron vehículos de alta gama, armas y hasta talonarios médicos falsificados.
Una investigación que comenzó silenciosamente en 2023 terminó explotando esta semana en Lautaro. Ocho personas fueron detenidas por integrar una presunta red de corrupción que habría adulterado permisos de circulación para beneficiar a empresarios y particulares con millonarios descuentos ilegales.
El fiscal jefe de Lautaro, Miguel Velásquez, detalló que el caso se originó tras una denuncia de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, donde se detectaron planillas sospechosas en computadores institucionales. La revisión permitió descubrir que al menos 294 permisos de circulación habían sido alterados para rebajar artificialmente los montos que debían pagar los contribuyentes.
Según explicó el persecutor, dos exfuncionarias municipales con acceso al sistema modificaban las tasaciones de los vehículos o ingresaban documentación irregular, incluso permitiendo permisos sin revisión técnica ni seguro obligatorio. “Tenemos casos en que un vehículo debía pagar un permiso de circulación de 3 millones de pesos y terminaba pagando 900 mil pesos”, afirmó Velásquez.
La Fiscalía calcula que el perjuicio económico alcanza cerca de $45 millones, mientras que las funcionarias involucradas habrían recibido más de 10 millones en transferencias realizadas por empresarios ligados a automotoras.
Uno de los antecedentes clave fue el levantamiento del secreto bancario, lo que permitió rastrear pagos directos a las imputadas. En uno de los casos, una exfuncionaria recibió más de 8 millones de pesos mediante transferencias electrónicas.
Pero el caso no terminó ahí.
Durante los allanamientos, la PDI encontró armas, municiones, plantas de cannabis y documentos médicos falsificados en domicilios de algunos imputados. Además, fueron incautados 13 vehículos que, según la Fiscalía, podrían haber sido adquiridos con ganancias obtenidas mediante estos delitos.
Entre los automóviles confiscados aparecen modelos de alta gama como Porsche Cayenne, Mercedes Benz, Land Rover Evoque y camionetas Ford Raptor y F-150.
La investigación también salpicó a la causa conocida como “Imperio”, ya que uno de los empresarios imputados aparece vinculado a ambos procesos investigativos. Fue justamente en ese contexto donde el fiscal lanzó una frase que llamó la atención.
“Había muchas Ford Raptor y F-150 en Temuco, y luego que operamos en Imperio, prácticamente ese tipo de camionetas desaparecen”, comentó Velásquez. “Los vehículos incautados podrían provenir de ganancias ilícitas producto del delito”, agregó el persecutor.
De los ocho detenidos, dos —una exfuncionaria municipal y su cónyuge— confesaron participación en los hechos y quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Los otros seis imputados enfrentan cargos por fraude al fisco, cohecho, soborno y delitos informáticos, mientras la Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva para algunos de ellos.
El fiscal Velásquez reconoció que este tipo de delitos no son nuevos en La Araucanía, aunque aseguró que una operación de esta magnitud vinculada a permisos de circulación es una de las más relevantes investigadas en la provincia.
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