El conflicto en la Macrozona Sur suele interpretarse desde marcos simplificados: éxito o fracaso gubernamental, eficacia represiva, voluntad política o “mano dura”. Sin embargo, esa lectura desconoce que la violencia rural —o terrorismo, según la denominación utilizada— responde a procesos mucho más profundos y fragmentados. El uso político del conflicto no consiste únicamente en aprovechar electoralmente los hechos de violencia, sino también en construir relatos que permitan ordenar identidades políticas, justificar políticas públicas y administrar correlaciones de fuerza dentro y fuera del Estado.
Desde la teoría política y sociológica, los conflictos prolongados tienden a transformarse en espacios de disputa simbólica. Carl Schmitt sostenía que la política moderna se estructura sobre la distinción entre amigo y enemigo; en contextos de violencia persistente, esa lógica se intensifica porque el conflicto permite cohesionar sectores políticos, movilizar apoyos y legitimar decisiones excepcionales. Michel Foucault, por su parte, advertía que el poder no se ejerce únicamente mediante la represión, sino también a través de la administración de discursos y categorías. Así, definir si existe “terrorismo”, “violencia rural”, “resistencia”, “autodefensa” o “conflicto político” no es una cuestión semántica inocente: cada concepto habilita determinadas respuestas estatales y clausura otras.
En Chile, el conflicto mapuche ha sido instrumentalizado por distintos sectores políticos. La derecha lo ha utilizado frecuentemente como evidencia del debilitamiento del orden público y de la necesidad de fortalecer el aparato coercitivo del Estado. Parte de la izquierda, en cambio, lo ha interpretado como consecuencia de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, enfatizando dimensiones de exclusión, despojo territorial y colonialismo interno. Ambos enfoques contienen elementos reales, pero muchas veces reducen un fenómeno extraordinariamente complejo a narrativas funcionales a sus propios proyectos políticos.
La disminución relativa de hechos violentos durante parte del gobierno de Gabriel Boric puede analizarse desde esa perspectiva. No necesariamente como resultado de una capacidad especial de gestión, sino porque existía una relación distinta entre sectores históricamente vinculados al activismo territorial, organizaciones radicales y actores políticos que pasaron a ocupar espacios institucionales. La literatura sobre movimientos sociales y cooptación política —desde Antonio Gramsci hasta Sidney Tarrow— muestra que cuando sectores movilizados perciben canales de incidencia dentro del sistema, parte de la presión violenta puede disminuir temporalmente.
Eso no significa que el conflicto desaparezca ni que exista subordinación orgánica entre grupos radicalizados y el gobierno de turno. Uno de los rasgos centrales del escenario en La Araucanía es precisamente la ausencia de una conducción unificada. No existe una sola organización, ni una jerarquía central, ni una estrategia común. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por ejemplo, ha desarrollado una lógica de “resistencia autónoma” que busca incentivar núcleos de acción más que construir una estructura cohesionada. Su discurso privilegia la confrontación contra el sistema económico y el Estado antes que la subordinación a una orgánica vertical. En ese contexto, basta compartir ciertos principios generales —anticapitalismo, reivindicación territorial, resistencia al Estado— para legitimar acciones diversas y descentralizadas.
La composición de quienes participan en acciones violentas demuestra además que el fenómeno excede lo estrictamente territorial. Las muertes de figuras como Matías Catrileo o Pablo Marchant revelan que parte de la radicalización también proviene de jóvenes urbanos, militantes ideológicos o activistas externos al territorio mapuche tradicional. Esto refuerza la idea de que el conflicto se transformó en un símbolo político más amplio, capaz de articular causas antisistémicas, identitarias y revolucionarias.
Desde esa lógica, también resulta insuficiente afirmar que el aumento de hechos violentos bajo un gobierno que prometió seguridad representa simplemente un fracaso administrativo. Los conflictos fragmentados suelen reaccionar frente a cambios en las relaciones informales de poder. Cuando actores que antes mantenían vínculos, canales o afinidades con sectores movilizados salen del espacio institucional, pueden debilitarse ciertos mecanismos de contención indirecta. Esto no implica conspiración ni coordinación, sino transformaciones en el ecosistema político del conflicto. En estudios sobre insurgencia y violencia política, este fenómeno suele describirse como pérdida de intermediación o ruptura de puentes informales entre el Estado y actores radicalizados.
Otro elemento central es la progresiva hibridación entre reivindicación política y economías criminales. Sectores como Temucuicui representan precisamente esa complejidad. Allí convergen demandas históricas, control territorial, resistencia política y dinámicas asociadas al crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, armas y robo de madera. Diversos autores han descrito cómo ciertas insurgencias o movimientos armados terminan financiándose mediante economías ilícitas, generando incentivos propios para la continuidad de la violencia. Cuando eso ocurre, las acciones dejan de responder únicamente a objetivos políticos y comienzan también a proteger intereses económicos clandestinos.
Esa transformación vuelve extremadamente difícil cualquier solución simple. No basta con más policías, ni únicamente con diálogo político, ni exclusivamente con reconocimiento territorial. El conflicto se encuentra fragmentado entre actores con motivaciones distintas: algunos mantienen demandas políticas e identitarias; otros operan bajo lógicas revolucionarias antisistémicas; otros participan derechamente de circuitos criminales. Incluso dentro de las comunidades mapuche existen profundas diferencias respecto al uso de la violencia, la relación con el Estado y las estrategias de autonomía.
Por ello, atribuir la disminución o aumento coyuntural de ataques a las “habilidades” de un gobierno termina siendo una lectura reduccionista y funcional políticamente. La violencia en la Macrozona Sur posee raíces históricas, culturales, económicas y políticas de larga duración. Los gobiernos pueden alterar temporalmente las condiciones del conflicto, modificar incentivos o generar ciertos niveles de contención, pero difícilmente controlarlo por completo mientras persistan la fragmentación organizativa, la legitimidad simbólica de la resistencia y las economías ilegales que alimentan la continuidad de la violencia.
En definitiva, el uso político del conflicto consiste precisamente en transformar una realidad compleja en un relato simple y útil: “se controló porque gobernaban los correctos” o “se desató porque fracasó la seguridad”. Ambas interpretaciones ignoran que el conflicto mapuche contemporáneo es una estructura heterogénea, descentralizada y atravesada por factores históricos y criminales que ningún gobierno, por sí solo, puede resolver rápidamente.
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