La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, considera una serie de medidas para fortalecer la seguridad en colegios, entre ellas la revisión de mochilas, sanciones ante hechos de violencia y modificaciones al Código Penal para endurecer las penas en delitos cometidos dentro de recintos educativos.
En este contexto, uno de los puntos centrales del debate ha sido la inclusión de una medida planteada previamente por el diputado Eduardo Cretton (UDI), que establece la posibilidad de retirar el beneficio de gratuidad en la educación superior a aquellos que cometan actos graves de violencia dentro de las salas de clases.
El parlamentario valoró que su propuesta haya sido recogida por el Ejecutivo, señalando que responde a una demanda ciudadana por mayor orden y respeto dentro de las comunidades educativas.
“Lo que estamos diciendo es muy claro, no puede haber impunidad frente a la violencia en las salas de clases. La gratuidad es un beneficio que entrega el Estado y debe estar asociado también a deberes. Quienes agreden, intimidan o ponen en riesgo a otros, no pueden seguir accediendo a estos beneficios como si nada. También es clave apoyar a nuestros profesores, porque no pueden estar solos enfrentando estas situaciones dentro del aula”.
Cretton enfatizó que la violencia escolar no solo afecta el aprendizaje, sino también la convivencia y la seguridad de estudiantes y docentes, por lo que considera urgente avanzar en medidas concretas que permitan revertir esta situación.
Finalmente, el diputado hizo un llamado al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto, asegurando que “la educación debe ser un espacio seguro, donde se formen personas en un ambiente de respeto, y para eso se requieren decisiones firmes y oportunas”.
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