Empresa ligada a su entorno cercano recibió recursos del mismo programa que hoy enfrenta cobros por más de $8 mil millones tras masivas rendiciones rechazadas.
El cuestionado programa de reactivación económica del Gobierno Regional de La Araucanía suma un nuevo antecedente, esta vez con implicancias políticas, luego de que una empresa vinculada al entorno cercano de la diputada Ericka Ñanco apareciera entre las beneficiarias de la iniciativa.
El caso se instala en un escenario marcado por las recientes declaraciones del gobernador René Saffirio, quien confirmó el inicio de un proceso de restitución de más de $8 mil millones en recursos mal rendidos, tras detectarse que —según precisó la autoridad— cerca del 90% de las rendiciones fueron rechazadas u observadas en el programa ejecutado entre 2022 y 2023.
A esto se suman cuestionamientos al avance de las investigaciones, en medio de críticas públicas del gobernador regional respecto del rol de la Fiscalía en el caso.
Un programa bajo fuerte cuestionamiento
El programa, ejecutado a través de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, benefició a más de trescientas empresas de la región, las que cofinanciaron iniciativas orientadas principalmente a la adquisición de equipamiento para fortalecer su actividad económica.
En este contexto, la empresa Ñankus SpA, con domicilio en Nueva Imperial y giro en telecomunicaciones, figura como beneficiaria de un cofinanciamiento cercano a los $21 millones.
Si bien la asignación se enmarca dentro de un universo amplio de proyectos, los antecedentes de ejecución comienzan a levantar interrogantes.
Facturas y vínculos bajo la lupa
Según los datos disponibles, la empresa habría rendido gastos por más de $40 millones, respaldados en dos facturas, en el marco de un esquema donde el Gobierno Regional financiaba el 50 por ciento del total de las iniciativas escogidas.
Una de estas facturas corresponde a la empresa Kubik SpA, cuyo giro está asociado a publicidad, producción de eventos e instalación de sistemas de seguridad.
Uno de los elementos que genera dudas es que la dirección registrada de esta empresa corresponde a una vivienda en Temuco, ubicada en calle Gabriela Mistral, en el sector Campos Deportivos, donde además operaría la sociedad Red de Capacitación de Chile (RED CAP). Es en este punto donde se incorporan nuevos antecedentes que complejizan el caso.
Ambas firmas comparten un nombre en común: Martha Izaguirre, quien figura como representante legal de RED CAP y como una de las dos socias de Kubik.
RED CAP e Izaguirre ya habían sido observadas en un informe de Contraloría, en el marco de otro programa financiado con recursos públicos —ejecutado por la Fundación Hernando de Magallanes—, donde se detectaron inconsistencias en la ejecución y facturación.
En ese caso, orientado a la capacitación de conductores de la locomoción colectiva en Temuco y Padre Las Casas, el organismo fiscalizador intentó recabar antecedentes directamente desde la empresa, sin éxito, luego de que su representante se negara a declarar, lo que impidió esclarecer su rol.
¿Qué sucedió? Se detectaron 8 facturas en total, emitidas por RED CAP a Fundación Hernando de Magallanes por un monto de $246.800.000, sin que existieran antecedentes previos que acreditaran un rol formal dentro de la ejecución del programa, situación que no pudo ser aclarada ni por la Fundación Hernando de Magallanes ni por la propia Izaguirre y que constan en los informes emanados desde Contraloría.
Los antecedentes expuestos abren un nuevo manto de dudas sobre este episodio, el cual deberá ser objeto de indagación tanto por parte del Gobierno Regional de La Araucanía como de la justicia. Hasta ahora, la autoridad regional no ha entregado detalles sobre cómo se implementarán las acciones destinadas a la restitución de los recursos mal rendidos en el marco de este programa, mientras que será el Ministerio Público el encargado de determinar eventuales responsabilidades en caso de configurarse hechos de carácter delictual.
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