La firma cuestiona la legalidad del proceso y acusa demoras excesivas, mientras la autoridad sostiene que no existen fundamentos técnicos suficientes para aprobar su propuesta.
Un nuevo capítulo suma el conflicto entre la empresa Procesadora de Residuos Industriales Limitada (RECIMAT) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de que la firma presentara una reclamación judicial tras el rechazo de su Programa de Cumplimiento (PdC).
La audiencia se desarrolló en el marco del procedimiento sancionatorio que enfrenta la empresa, ubicada en el sector industrial Puerto Seco de Calama, donde ambas partes expusieron sus argumentos ante el tribunal ambiental.
Desde RECIMAT, su abogado Camilo Jara cuestionó duramente la actuación de la SMA, asegurando que el proceso ha sido excesivamente largo. “La excesiva dilación del procedimiento sancionatorio… se ha extendido por cerca de cinco años, superando ampliamente los plazos legales”, afirmó, agregando que incluso se trata de un conflicto que lleva cerca de una década en discusión.
El representante de la empresa también sostuvo que las supuestas infracciones no corresponden a hechos graves, sino a incumplimientos administrativos. “No están siendo acusados de contaminar, sino más bien de incumplimientos de carácter administrativo”, señaló.
Además, acusó falta de apoyo por parte del organismo fiscalizador, indicando que no se les habría dado la oportunidad de corregir observaciones antes de rechazar el programa presentado.
Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente rechazó estas acusaciones y defendió la legalidad del proceso. El abogado del organismo, Francisco Sepúlveda, afirmó que la empresa no ha logrado cumplir con los estándares técnicos exigidos.
“El programa fue rechazado porque no había sustento científico en lo relevante”, explicó, añadiendo que durante el proceso se realizaron múltiples instancias de apoyo, incluyendo reuniones y observaciones técnicas.
La SMA también descartó que exista abandono o demora injustificada, señalando que el procedimiento formal comenzó en 2020, pese a que las fiscalizaciones iniciales datan de años anteriores.
El conflicto se origina en inspecciones realizadas entre 2016 y 2017, que derivaron en cargos formulados en marzo de 2020. Desde entonces, la empresa ha presentado seis programas de cumplimiento, siendo el último rechazado en septiembre de 2025 por no cumplir con criterios de integridad y eficacia.
Cabe recordar que este caso ya había sido revisado previamente por la justicia ambiental en 2021, instancia en la que se anuló la aprobación inicial del plan por falta de respaldo científico.
RECIMAT insiste en que se deje sin efecto la resolución de la SMA y que se reevalúe su propuesta, mientras el tribunal ya adoptó acuerdo, quedando a la espera de la sentencia que definirá el futuro del proceso.
La empresa se dedica al reciclaje de residuos con plomo provenientes de la minería y baterías, actividad que ha estado bajo observación debido a su potencial impacto ambiental y en la salud de la población.
