El tribunal de alzada amplió los delitos imputados, incorporando soborno y tráfico de armas; Fiscalía sostiene que las acusadas manipulaban audiencias, accedían a información reservada y alertaban a sus clientes sobre diligencias.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles.
La decisión fue informada por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien destacó que el tribunal de alzada no solo ratificó la medida cautelar, sino que además incorporó nuevos delitos a los ya acreditados en primera instancia, entre ellos soborno y tráfico ilícito de armas.
Las imputadas, que ejercían libremente la profesión, permanecen recluidas en el penal Biobío, mientras avanzan las diligencias en una causa que también considera cargos por asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.
En su resolución, adoptada de forma unánime, los ministros de la Corte señalaron que las formalizadas constituyen “un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad”, subrayando además que las conductas atribuidas “afectan directamente la fe pública y la administración de justicia”.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, entre 2017 y marzo de 2025 las abogadas habrían articulado un mecanismo destinado a influir en procesos judiciales, cooptando a un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, encargado de actas, con el fin de intervenir en la programación de audiencias.
Dicho mecanismo habría permitido direccionar causas hacia una magistrada —también imputada— que resolvía en favor de sus intereses, configurando un esquema que comprometía la imparcialidad del sistema.
La investigación también vincula a otros actores. El exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de una de las imputadas— fue formalizado por revelación de secreto y quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.
Asimismo, el funcionario judicial Nelson Sáez Reyes enfrenta cargos por cohecho reiterado y cumple arresto domiciliario total, además de las prohibiciones de salir del país y de contacto con los involucrados.
De acuerdo con la Fiscalía, la red también habría accedido a información reservada desde sistemas de la Defensoría y del Ministerio Público, lo que permitía anticipar diligencias, advertir a imputados y alterar el desarrollo de investigaciones en curso.
“Entre las conductas investigadas se encuentra el haber advertido a clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, además de entregar antecedentes falsos y simular colaboraciones eficaces”, se indicó en la audiencia.
La Fiscal Regional precisó que tanto la magistrada como un fiscal mencionado en la causa aún no han sido formalizados, ya que para ello se requiere la aprobación de una querella de capítulos por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, trámite que será presentado en los próximos días.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación, la cual está siendo llevada adelante por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.
El caso se mantiene en pleno desarrollo y pone el foco en eventuales vulneraciones graves al funcionamiento del sistema judicial, con una investigación que busca esclarecer el alcance total de la red y las responsabilidades penales involucradas.