Dos chilenos y cinco bolivianos fueron detenidos tras arrendar vehículos con documentación falsa y trasladarlos a Calama. Las camionetas iban a ser sacadas del país, según la investigación.
Un operativo conjunto de la Fiscalía de Calama y el SEBV de Carabineros permitió desbaratar un plan para sustraer camionetas de una empresa de arriendo de vehículos y sacarlas del país, tras la detención de siete personas, entre ellas dos chilenos y cinco ciudadanos bolivianos, dos de estos últimos con RUT chileno.
Según los antecedentes expuestos en audiencia, los integrantes de esta organización simularon ser representantes de una empresa de la región para celebrar un contrato de arriendo con una empresa rent a car de Antofagasta, logrando retirar cinco camionetas utilizando documentación falsa.
Una vez obtenidos los vehículos, los imputados los trasladaron hasta la ciudad de Calama, donde presuntamente preparaban su salida del país.
La maniobra quedó al descubierto luego de que la empresa afectada realizara la denuncia, lo que permitió que la Fiscalía y el SEBV de Carabineros iniciaran diligencias investigativas de forma inmediata.
Las primeras pistas llevaron a los funcionarios policiales hasta el sector de Chiu Chiu, donde fue encontrada una de las camionetas abandonada. Posteriormente, las otras cuatro fueron ubicadas en un sitio a las afueras de Calama, lugar donde finalmente se concretó el operativo policial.
En ese lugar, los siete implicados fueron sorprendidos justo en el momento en que se repartían las llaves de los vehículos, aparentemente para iniciar el traslado hacia otro destino.
El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, quien dirige la investigación, explicó que al momento de la detención los imputados contaban con ropa y equipamiento suficiente para realizar un viaje largo, lo que refuerza la hipótesis de que el plan era sacar las camionetas del país.
Seis de los detenidos ya fueron formalizados por el delito de receptación, mientras que dos de los imputados de nacionalidad chilena además enfrentan cargos por falsificación de instrumento público y apropiación indebida.
El séptimo detenido quedó con su detención ampliada y será formalizado en las próximas horas.
Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó prisión preventiva para los imputados formalizados, al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 100 días para continuar con las diligencias del caso.