Indagatoria busca determinar responsabilidades por la divulgación de antecedentes reservados en la causa por dos homicidios y un atentado incendiario ocurridos en 2020 en Collipulli.
El Ministerio Público de La Araucanía inició una investigación penal para esclarecer la eventual filtración de información sensible vinculada a testigos protegidos que participaron en el juicio oral desarrollado en Angol, proceso judicial que concluyó con la absolución de tres comuneros imputados por graves hechos de violencia rural.
La indagatoria surge tras detectarse que antecedentes reservados habrían sido conocidos por las defensas de los acusados horas antes del inicio del juicio, situación que encendió alertas respecto de la cadena de custodia y resguardo de la información.
De acuerdo con los primeros antecedentes, la investigación se orienta a establecer posibles responsabilidades al interior del mismo sistema judicial.
Reserva de identidades y medidas de protección
La fiscal vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Nely Marabolí, confirmó la existencia de la investigación, enfatizando el carácter reservado de este tipo de antecedentes.
“La fiscalía de La Araucanía está en condiciones de confirmar que existe una investigación penal respecto de los hechos denunciados. Por la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones, la Fiscalía mantiene estricta reserva sobre las medidas de protección y la identidad de los testigos. Porque no solamente es un deber legal, sino también ético, revelar ninguna información que pueda comprometer la integridad de quienes precisamente colaboran con la justicia”, señaló.
Absolución en causa por homicidios e incendio
El juicio oral al que se asocia la filtración culminó con la absolución de Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya, quienes enfrentaban cargos por dos homicidios y un ataque incendiario registrados en 2020 en un sector rural de Collipulli.
Entre los hechos investigados se encontraba el homicidio de Pedro Cabrera, quien murió tras recibir un impacto balístico en la cabeza, y el asesinato del parcelero Pablo Burgos, quien fue atacado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio.
Tras el veredicto absolutorio, la Fiscalía anunció la interposición de un recurso de nulidad, acción judicial que busca invalidar el juicio oral y eventualmente abrir la puerta a un nuevo proceso.
La investigación por la filtración de antecedentes se mantiene en desarrollo y bajo estricta reserva, debido a la naturaleza sensible de los datos involucrados y a las implicancias que podría tener para la seguridad de testigos en causas de alta complejidad.
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