La justicia concluyó que la entidad financiera falló en sus sistemas de seguridad y monitoreo, obligándola a pagar $15 millones por daño moral a una mujer que sufrió la sustracción de casi $40 millones desde sus cuentas.
Un fallo del Segundo Juzgado Civil de Concepción marcó un precedente relevante para los clientes bancarios de la Región del Biobío. El tribunal ordenó a Scotiabank pagar una indemnización de $15.000.000 por daño moral a una clienta que fue víctima de un fraude bancario ocurrido en enero de 2020.
Según estableció la sentencia, la mujer sufrió la sustracción de $39.471.521 desde sus cuentas mediante una serie de transferencias y pagos que no correspondían a su comportamiento habitual. A pesar de que existían seguros asociados a los productos bancarios, el banco se negó inicialmente a devolver el dinero, restituyendo recién $36.625.741 en octubre de 2020, solo después de una orden de la Corte de Apelaciones de Concepción.
El tribunal fue claro en señalar que el banco incurrió en una falta de servicio, ya que no activó oportunamente sus sistemas de alerta. El fallo detalla que, en un solo día, se realizaron múltiples transferencias por montos elevados hacia cuentas nuevas, a las que la clienta nunca antes había enviado dinero, lo que debió encender alertas automáticas y motivar un contacto inmediato con la afectada.
“La banca tiene un deber preventivo”, señala la resolución, enfatizando que los sistemas de monitoreo deben analizar no solo los montos, sino también la frecuencia, repetición y contexto de las operaciones. En este caso, las transferencias realizadas los días 13 y 14 de enero de 2020 fueron muy superiores a cualquier otro movimiento del mes, tanto en cantidad como en dinero involucrado.
Además del perjuicio económico, el tribunal consideró acreditado el daño emocional sufrido por la clienta. Testigos y un informe psicológico confirmaron que la mujer atravesó períodos de estrés, angustia, aflicción y alteraciones del sueño, llegando incluso a necesitar medicación, todo a raíz del actuar negligente del banco frente al fraude.
Por estos antecedentes, el juez resolvió acoger la demanda, condenando al banco no solo a pagar la indemnización por daño moral, sino también a asumir las costas del juicio.
El caso resulta especialmente relevante para las personas del Biobío, ya que refuerza el derecho de los clientes a exigir que los bancos respondan cuando sus sistemas de seguridad fallan, especialmente en fraudes que podrían haberse evitado con una reacción oportuna.
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