El Juzgado de Garantía rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y ordenó medidas cautelares alternativas para el dirigente mapuche y otros dos comuneros detenidos en un predio forestal de CMPC.
El Tribunal de Garantía de Collipulli, en la región de La Araucanía, resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en contra del dirigente mapuche Víctor Ancalaf Llaupe, decretando en su lugar la medida cautelar de arraigo nacional, en el marco de una investigación por sustracción de madera desde un predio forestal.
La resolución se adoptó durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, instancia en la que la Fiscalía comunicó a los imputados el inicio de un proceso penal por la presunta sustracción de madera desde un predio perteneciente a la empresa CMPC.
Junto a Víctor Ancalaf, Carabineros detuvo a Jesús Ancalaf Espinoza y Guillermo Ancalaf Pérez, quienes también quedaron sujetos a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse al predio donde fueron sorprendidos y la prohibición de salir del país.
Tras la audiencia, el defensor penal público mapuche, Juan Gallardo, “valoró la decisión adoptada por el tribunal”, luego de que se desestimara la cautelar más gravosa solicitada por el Ministerio Público.
Finalmente, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía desarrolle la investigación, periodo en el cual se deberán reunir los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos imputados a los tres comuneros detenidos.
Otros antecedentes
Víctor Ancalaf Llaupe es un dirigente mapuche originario de Collipulli, conocido por haber sido vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a comienzos de los años 2000. En ese contexto, fue condenado en 2003 bajo la entonces vigente Ley Antiterrorista, por su participación en ataques incendiarios a predios forestales, recibiendo una pena de 10 años y un día de presidio.
En 2004, Ancalaf fue indultado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, quedando en libertad tras cumplir parte de la condena. Desde entonces, Víctor Ancalaf ha vuelto a enfrentar distintos procesos judiciales vinculados a hechos ocurridos en el contexto del conflicto territorial, con resultados dispares, incluyendo investigaciones archivadas, absoluciones y medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, manteniéndose como una figura recurrente en causas judiciales asociadas a predios forestales en la provincia de Malleco.
Víctor Ancalaf también ha sido vinculado públicamente, a nivel familiar, al denominado caso San Andrés, donde una de sus hermanas, sobrinos y un grupo de personas, fueron condenados por su participación en hechos de tortura, secuestro, vejaciones sexuales de dos hombres y homicidio de uno de ellos, como respuesta a una situación de robo de armas y drogas, hecho que conmocionó a la zona. El caso terminó con condenas penales firmes, tras acreditarse la responsabilidad de los involucrados en los delitos cometidos en ese predio rural.
El clan Ancalaf lleva años en el ojo del huracán. Se incluyen dentro de sus acciones el asesinato al carabinero Francisco Benavides, quien en 2021 se desplazaba a la ruta R-35 de Collipulli a restaurar el flujo por la vía rural, la cual se encontraba obstaculizada por troncos cortados y ramas de árboles. Ahí recibió un disparo en la zona toráxica en un sector descubierto por el chaleco antibalas, lo que le causó un shock hemorrágico y murió desangrado.
A los 5 meses del hecho, en octubre del mismo año, se detuvo a dos comuneros acusados por este asesinato: los hermanos Matías (32) y Heriberto Morony Ancalaf (30), hijos Víctor Ancalaf, y más tarde a Rodrigo Calabrano, cuñado de los hermanos y yerno de Víctor Ancalaf, todos habitantes del lof Choin Lafkenche del sector San Andrés, como responsables del hecho.
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