Juan Paulo Alarcón, director de Escuela de Arquitectura UNAB Viña del Mar.
La posibilidad de que el presidente electo, José Antonio Kast, resida en el Palacio de La Moneda —tal como lo hicieron algunos mandatarios en distintos momentos de la historia, hasta Carlos Ibáñez del Campo— ha reabierto un debate que trasciende lo político o instrumental. Se trata, en el fondo, de una discusión sobre cómo nos relacionamos hoy con el patrimonio y qué entendemos por su vigencia en el tiempo.
Diseñado por Joaquín Toesca, el edificio fue concebido para funcionar desde 1805 como Real Casa de la Moneda de Santiago, hasta que en 1846 se transformó en sede del gobierno y residencia presidencial. Desde entonces, La Moneda ha experimentado múltiples transformaciones programáticas, sin perder los valores arquitectónicos que la convierten en una pieza relevante del patrimonio nacional.
Su tipología arquitectónica clásica, junto al racionalismo de sus recintos consecutivos dispuestos en torno a una serie de patios, ha permitido que el edificio cambie de uso y se adapte a nuevas exigencias sin sacrificar su esencia. Esta capacidad de transformación explica por qué, aun siendo Monumento Nacional desde 1951, La Moneda sigue siendo un edificio plenamente operativo, vigente y simbólicamente activo. Su valor no radica solo en su estilo, sino en la inteligencia del proyecto, capaz de resistir el paso del tiempo sin quedar anclado a una sola función.
Esta reflexión se conecta directamente con debates recientes en la disciplina arquitectónica. A comienzos de octubre se desarrolló la XXIII Bienal de Arquitectura de Chile, cuyo eje fue (re)programar, (re)adaptar y (re)construir. Bajo esta consigna, los curadores —docentes de la Escuela de Arquitectura UNAB— propusieron revisar críticamente nuestra relación con lo ya construido y, en particular, con el patrimonio. La reactivación de la Iglesia de San Francisco de Borja como espacio expositivo fue una señal clara: el patrimonio puede y debe ser vivido.
Durante décadas, el enfoque predominante fue conservar los edificios patrimoniales en un estado casi intocable, limitando sus usos para evitar cualquier alteración. Hoy, en cambio, emerge una mirada más dinámica. La sociedad demanda una relación más directa y cotidiana con su patrimonio, capaz de dialogar con las exigencias contemporáneas. Entender el patrimonio como algo vivo, susceptible de nuevos programas, permite prolongar su vida útil y evitar su progresiva obsolescencia.
Este debate adquiere mayor urgencia en un contexto marcado por la crisis climática y el déficit habitacional. Construir sin cuestionar el impacto ambiental ya no es una opción responsable. Reutilizar, adaptar y revitalizar lo existente aparece como una estrategia sensata, no solo para edificios patrimoniales, sino para gran parte del entorno construido, reservando la nueva edificación solo para aquellos casos donde sea realmente necesaria.
Si la eventual adaptación del Palacio de La Moneda para acoger nuevamente una residencia presidencial se realiza de manera respetuosa, conforme a sus valores arquitectónicos y a lo dispuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales, no sería una ruptura, sino una continuidad histórica. Una adecuación más, coherente con su trayectoria.
Probablemente, y en sintonía con lo expresado por el propio presidente electo, las intervenciones debieran ser mínimas y estrictamente necesarias. Esa actitud, de actuar lo suficiente, hoy, no solo es deseable: es una obligación ética de la arquitectura contemporánea y una oportunidad para reafirmar su relevancia social.
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