Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, una fecha que busca visibilizar un problema de alcance global. Según estimaciones internacionales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres sufrió abuso sexual antes de los 18 años, lo que supera los 370 millones de víctimas en el mundo.
En Chile, la situación es crítica. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 114.000 causas por abuso sexual infantil, con un aumento del 186% en los últimos años. Solo en 2023 se reportaron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra menores, mientras que estudios recientes indican que el 26% de la niñez chilena ha sufrido violencia sexual.
Desde World Vision Chile, Juan Pablo Venegas, Gerente de Incidencia y Asuntos Públicos, enfatiza que las cifras exigen acción inmediata: “No estamos hablando de casos aislados, estamos frente a una emergencia nacional que avanza, muchas veces, en silencio”. Además, advierte que “cada denuncia revela una falla del sistema y una deuda que seguimos arrastrando con la infancia, cuyas secuelas físicas, emocionales y sociales acompañan a las víctimas durante toda su vida”.
Los factores de riesgo son múltiples: condiciones de pobreza, brechas de desigualdad, dinámicas familiares inestables, y un ecosistema digital sin suficiente regulación que facilita el contacto inapropiado de adultos con menores. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama a visibilizar esta problemática, eliminar el estigma, y asegurar procesos de justicia y reparación efectivos.
Frente a este panorama, Venegas destaca acciones prioritarias para el país: perfeccionar los mecanismos de la Ley de Garantías de la Niñez (21.430) con enfoque territorial y financiamiento adecuado; acelerar la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez; capacitar a docentes con programas como Niñez Segura; y articular protocolos locales entre salud, educación, justicia y protección social.
Para el ejecutivo de World Vision Chile, la prevención debe transformarse en un deber colectivo: “La protección de la infancia no puede depender solo del Estado. Las familias, las escuelas y las comunidades también son parte de la primera línea”, “romper el silencio, educar y denunciar son acciones clave para construir espacios seguros”, agrega.
Desde la organización indican que el desafío va más allá de una fecha conmemorativa e insisten en la necesidad de reforzar los sistemas de protección, garantizando entornos seguros y libres de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes del país.
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