A tres años del estado de excepción en La Araucanía: menos violencia, más costos y territorios aún fuera del Estado de Derecho

La extensión indefinida de la medida que debió implementar el gobierno de Boric, ha reducido los atentados en la Macrozona Sur, pero su sostenimiento implica a la fecha más de $23 mil millones en gasto público y un despliegue militar que no alcanza para asegurar presencia estatal en todas las zonas del conflicto.

A pocos días de cumplirse tres años desde la implementación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, el balance es tan complejo como el territorio mismo. Desde que el presidente Borico se vio obligado a restituir la medida en mayo de 2022, esta se ha prorrogado 56 veces, ha implicado el despliegue permanente de más de 1.500 funcionarios de las Fuerzas Armadas y ha costado al menos $23.271 millones de pesos.

Este gran esfuerzo ha rendido sus frutos y ha contribuido a una baja sostenida de los hechos de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía, especialmente en ataques incendiarios, usurpaciones y delitos asociados.

Según cifras del Ministerio del Interior y la Fiscalía Regional, destacadas en La Tercera, durante 2025 se han registrado 108 eventos de violencia rural, la cifra más baja desde 2017, lo que representa una disminución de 78,8% en atentados y 50% en ataques incendiarios respecto a 2021. La Fiscalía también reporta una baja del 59% en incendios, del 58% en usurpaciones y del 25% en robos de vehículos.

“Estos datos demuestran que el gobierno se ha hecho cargo de la violencia de la Macrozona Sur, en coordinación con policías, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y parlamentarios. Hemos logrado resultados concretos”, afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Rafael Collado.

Sin embargo, no todos comparten una visión optimista. Parlamentarios como Miguel Mellado (RN) y Andrés Jouannet (Amarillos) coinciden en que se reconocen avances, pero pese a estos el estado de excepción “no ha devuelto el control total al Estado” en zonas críticas de La Araucanía.

Un ejemplo elocuente es el del fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco, donde la familia del joven Pablo Marchant, exintegrante de la CAM, no ha podido cumplir su deseo de exhumar su cuerpo, debido a que las policías no pueden ingresar al lugar. Algo similar ocurre en Temucuicui, donde hasta hoy el Estado no ejerce presencia efectiva ni control operativo, a pesar de las más de 50 prórrogas del estado de emergencia.

“Los estados de excepción han tenido un impacto, sí, pero no resuelven un conflicto que sigue activo y profundo”, señaló el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman. “Hoy, hay menos ataques, pero son más violentos, organizados y destructivos”.

Por su parte, el Ejército para estos logros ha debido desplegar personal de distintas regiones del país, incluyendo Santiago, Valparaíso y Puerto Montt. Hoy se valoran cambios efectuados en el tiempo, como la implementación de turnos rotativos y la reestructuración logística aplicada desde 2023, que ha permitido enfrentar el desgaste operativo.

A juicio de expertos como Pablo Urquízar, excoordinador de Seguridad en la Macrozona Sur, “el estado de excepción ha sido necesario, pero no suficiente. Los dos atentados más graves de los últimos años ocurrieron bajo su vigencia: el triple homicidio de carabineros en Cañete y el ataque en Rucalhue”.

Hoy, a tres años del inicio de esta medida extraordinaria, La Araucanía se encuentra en un punto de inflexión: con mejores cifras, sí, pero aún sin garantías plenas del Estado de Derecho en todo su territorio. La persistencia de enclaves sin presencia policial, como Temucuicui o Pidenco, y los altos costos humanos y logísticos del despliegue militar, invitan a abrir un debate de fondo: ¿basta con mantener una medida excepcional o es hora de construir soluciones políticas y estructurales que enfrenten la raíz del conflicto?

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