Levantemos el secreto bancario para las altas autoridades del Estado

Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador

¿Cómo propiciamos la existencia de una democracia fuerte y más robusta, sobre todo en tiempos en que los populismos, de uno y otro lado del espectro ideológico, cuestionan la efectividad de la política por medio de relevar sus fallos y defectos, inherentes, en todo caso, a cualquier forma de organización humana?

En el debate público, un punto especialmente sensible ha sido el rol del dinero en la esfera pública; desde hace unos años hemos sido testigos de diversos actos, con connotaciones delictivas,  que  ha ocurrido en distintos niveles de autoridades, tanto civiles como uniformadas, y en distintos organismos centralizados como descentralizados, con participación de privados,  lo cual ha generado una sensación de que estamos en un camino peligroso de constituirnos en una sociedad y en un  Estado corrupto.

A ello se debe sumar el nuevo fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico, que están al acecho para capturar el funcionamiento de las instituciones.

Por eso, esta semana del 5 al 9 de agosto ingresé al Congreso un proyecto de ley que busca excluir  de la regla general vigente hoy día del secreto bancario, al conjunto de las autoridades  más altas del Estado; ya sean electas por la soberanía popular y aquellas de la exclusiva confianza del presidente de la República, como aquellas que desempeñan funciones determinantes en las instituciones armadas y policiales y en los órganos que ejercen jurisdicción, investigación y control.

De esta manera esas autoridades, por los cargos y responsabilidades que tienen, no estarían amparadas por el secreto bancario en operaciones de depósitos ni captaciones.

Pero ¿cuál es el objetivo político que perseguimos? ¿Se trata, según algún argumento simplista, de irrespetar la privacidad financiera de las autoridades? ¿O la fórmula tiene otros propósitos?

La idea es que todo ciudadano o ciudadana que accede al espacio público, con determinadas responsabilidades para manejar el Estado, lo haga con la máxima transparencia respecto de sus ingresos,  en este caso, las operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza; y además, por una parte generar confianza en la opinión pública, y por otro lado generar un efecto de disuasión respecto de terceros interesados  en corromper el sistema, y de los propios incumbentes, en asumir responsablemente sus atribuciones.

La naturaleza del secreto bancario

El secreto bancario es una práctica generalizada, y ampliamente reglamentada, en gran cantidad de países del mundo. Persigue, justamente, que por motivos de privacidad de los clientes, no haya acceso a su información financiera; sin embargo, cabe señalar que el secreto bancario tiene límites, y se levanta bajo ciertas prerrogativas: por requerimiento de investigaciones judiciales –con los ejemplos insignes de investigaciones por corrupción o financiamiento ilegal de la política–, requerimiento de autoridades reguladoras, sospecha de lavado de dinero, terrorismo, actividades ilegales como narcotráfico u otros tipos de tráfico, o riesgo de inestabilidad del sistema financiero.

¿Por qué levantar el secreto bancario?

Como se puede ver, existe una serie de actividades que están fuera del marco de la ley, cuyo accionar se refleja en movimientos y transacciones dentro del sistema financiero, y que según nos muestra la experiencia, pueden no ser ajenas a la política y la administración del Estado; en más de una oportunidad, agentes que pertenecen a estos mundos se han visto involucrados en ellas.

Un primer argumento para levantar el secreto bancario de las autoridades es el desincentivo del accionar ilícito, toda vez que dicha restricción puede actuar como garantía o refugio para que personas o grupos realicen estas acciones. Entre ellas pueden estar el financiamiento ilegal de la política, el lavado de dinero o formas ilícitas de enriquecimiento con fondos fiscales. Levantar el secreto bancario facilitaría la pesquisa de dichas conductas, así como todo proceso investigativo.

Un segundo argumento es una garantía de probidad y transparencia frente a la opinión pública: sobre todo en el caso de sus autoridades electas, pero también de otros alto cargos en el Estado, es un objetivo político deseable el que la ciudadanía conozca el manejo que se hace de los recursos públicos, sobre todo si queremos iniciar el lento pero necesario trabajo de que las personas vuelvan a confiar en la política. Además de prevenir el delito, levantar el secreto bancario permitiría, por ejemplo, comprobar que el comportamiento financiero declarado por las autoridades coincida con sus declaraciones patrimoniales y su forma de vida.

Tampoco es menor el argumento de que levantar el secreto bancario facilita la garantía de igualdad ante la ley; cuando hablamos del manejo financiero de autoridades, estamos hablando de personalidades públicas que cumplen responsabilidades en el Estado, pero que además detentan un poder equivalente, el que en ningún caso debe ser utilizado, ni para actuar fuera del marco legal, ni para obtener ventajas ante la justicia. Tener acceso expedito a su información financiera allana el camino a garantizar dicha igualdad ante la ley.

Y finalmente, el que un país levante el secreto bancario de sus altas autoridades en una positiva señal a la comunidad global, toda vez que el país mejora su percepción, da pruebas de su compromiso con la transparencia, y con ello incluso atrae inversión extranjera.

La invitación es a que, mediante la promoción de la probidad y la transparencia, el mundo político recupere la confianza de la ciudadanía. La democracia es la mejor forma que el ser humano ha descubierto, en la modernidad, para organizar su vida en sociedad; no es perfecta, pero es lo que por ahora tenemos.

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