Más de cuarenta organizaciones ambientales y territoriales de la macrozona central firmaron una misiva dirigida al Ministerio del Medio Ambiente, en que señalan que el proceso se realizó de manera poco transparente y de espaldas a la ciudadanía.
En el marco de la implementación de la Ley 21.600 que Crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, el 17 de mayo se publicó la Resolución Exenta 730 del Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial, haciendo un llamado a la sociedad en general para enviar antecedentes para actualizar los sitios prioritarios de la macrozona central. Sin embargo, la información no fue debidamente socializada, como señalan las organizaciones de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
“La información relevante del proceso no ha estado disponible ni en tiempo ni en forma para las comunidades, garantizando el debido acceso a la información; además, consideramos que el plazo de 30 días ha sido del todo insuficiente puesto que, quienes defendemos la naturaleza desde el mundo civil, sin las herramientas técnicas, tecnológicas muchas veces, nos posicionamos en una patente asimetría y desventaja para con las empresas y corporaciones que también participan en pos de generar sus modelos de negocios”, señalan las más de cuarenta organizaciones firmantes de una carta que entregaron este lunes 17 de junio en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.
Los sitios prioritarios de conservación fueron definidos en 2005 por las Estrategias Regionales de la Biodiversidad, en un trabajo realizado por un Comité Operativo, coordinado por la Corporación Nacional de Medio Ambiente (ex MMA), para completar las metas del Convenio de la Diversidad Biológica a nivel nacional. Todos ellos, corresponden a áreas naturales, en que hay una alta presencia de especies de flora, fauna y funga de orígenes nativas y endémicas del país.
En el contexto de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, estos sitios definidos como prioritarios para conservar, entrarían en un proceso de evaluación, considerando para ello, la participación ciudadana según señala la Ley 21.600 en su Artículo 29. Sin embargo, este último proceso se vio mermado por la falta de difusión previa a su inicio.
Diversas organizaciones y comunidades cercanas a estas áreas silvestres exigieron, a través de una misiva dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, una revisión integral del proceso, con una comunicación mejorada, trazabilidad visible en el sitio web del MMA y que se realice un nuevo llamado a aportar antecedentes de los Sitios Prioritarios con un plazo que permita relevar esta información científica.
“Las organizaciones observamos con pavor la tremenda asimetría entre la difusión de los acuerdos para la defensa de la biodiversidad firmados con empresas contaminantes en comparación con el llamado a participar de las comunidades, que solo ha quedado encriptado en una publicación del Diario Oficial”, señaló Jorge Morales, vocero del Observatorio de Conflictos Socioambientales del Aconcagua, una de las organizaciones firmantes.
“Este es un llamado firme para que el Estado reevalúe su enfoque actual y busque una solución más inclusiva y transparente. La conservación de los Sitios Prioritarios es un compromiso no solo presente, sino también futuro hacia las generaciones venideras”, concluyen.
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