Por María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law.
En 2022, el Gobierno presentó un proyecto para reformar el sistema previsional en nuestro país, el cual establecía una cotización obligatoria del 6% con cargo al empleador, eliminaba las AFP e introducía el concepto de solidaridad “intra” e “intergeneracional”.
Ese primer proyecto no prosperó, y posteriormente, se retomó la agenda previsional, abriendo el destino del 6% en 1% para sala cuna universal, 2% a la cuenta de capitalización individual y el 3% al fondo de reparto.
Así, el foco de la discusión se ha mantenido en el destino de la cotización adicional de cargo del empleador; si ésta debe ir a la cuenta individual o a un fondo de reparto. Dado el envejecimiento de la población, esta última alternativa no parece sostenible, encontrándose dentro de las tendencias detectadas por la OCDE en su análisis “Perspectivas de Pensiones OCDE 2022”. En dicho estudio, el organismo señala la relevancia de contar con sistemas de pensiones sostenibles, fortaleciendo el ahorro individual, planes de ahorro voluntario y el aumento de la edad de jubilación teniendo en consideración la extensión de la esperanza de vida.
Además de ello la propuesta del Gobierno contenía la creación del Inversor de Pensiones Estatal (IPE), sin perjuicio de que podrían también participar inversores privados, que cuenten con una cuota de mercado inferior a 30%, medido como porcentaje de los activos administrados. En este punto, ya tendríamos al Estado concentrando un 30% de mercado, lo que parece atentar contra la libre competencia.
La votación en general y particular de la iniciativa dejó de manifiesto que hay muchas diferencias en cuanto a cómo perfeccionar el sistema previsional.
Independiente de las distintas posturas, hay consenso en que se debe encontrar un mecanismo para mejorar las pensiones. Es crucial que dicho método no priorice exclusivamente a los actuales jubilados en desmedro de quienes se pensionarán en un futuro ni viceversa.
Por lo pronto, también parece haber un acuerdo en que las pensiones hoy en día se han visto fortalecidas con la PGU, la cual está basada en la solidaridad, al financiarse con rentas generales.
Las pensiones futuras, ciertamente mejorarán con una cotización adicional del empleador que vaya en un 100% a la cuenta individual, ya que de esta manera la contribución del trabajador ascendería a un 16%, más cerca del promedio OCDE.
¿Cuál sería, entonces, la mejor fórmula?
Considerando el aumento de la esperanza de vida, la baja tasa de natalidad (1,3 hijos por mujer en el año 2023) y la baja tasa de formalidad (1 de cada 3 trabajadores cotiza en el sistema previsional) el desafío no es menor y requerirá de propuestas dinámicas y graduales que se puedan ir adaptando a los cambios que experimentamos como sociedad.
Así, las materias que deberían abordarse en la reforma previsional serían el fortalecimiento de la formalidad laboral, el aumento de la tasa de cotización y de la edad de jubilación.
Lo anterior permitiría que cada uno contribuyera a mejorar su pensión mediante el pilar contributivo y fortalecer el pilar solidario (PGU) a través de sus impuestos.
En ese sentido, la reforma previsional que prontamente se discutirá en el Senado debe abordar de manera integral los desafíos estructurales del sistema actual para que sea sostenible en el tiempo y beneficie, tanto a los actuales, como a los futuros pensionados.
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