Crisis política al interior de los partidos oficialistas

Jorge Astudillo

Académico de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

El fallo judicial favorable para el exteniente coronel Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica no solo cerró penalmente —sin perjuicio de la eventual nulidad judicial que deberá decidir en Ministerio Público en los próximos días— uno de los episodios más emblemáticos del estallido social de octubre de 2019, sino que abrió una crisis política mayor en los partidos políticos que emprendieron desafíos conjuntos en los últimos años como impulsar una Constitución refundacional y ser parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo que a primera vista parecía una disputa sobre la valoración de un fallo que acogió la tesis de la legítima defensa terminó evidenciando una fractura más profunda: la incapacidad de la izquierda gobernante para sostener un relato común en materia de derechos humanos, seguridad y responsabilidad estatal.

Si bien, las diferencias entre las dos almas que integran el oficialismo han sido evidentes, el quiebre observado esta semana fue la reactivación del debate en torno a la Ley Naín-Retamal, aprobada con los votos decisivos del Socialismo Democrático y promulgada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Para el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, dicha ley representa un giro normativo que fortalece la presunción de legitimidad del uso de la fuerza policial y dificulta la persecución penal de eventuales abusos. Desde esa perspectiva, la absolución de Crespo no sería un accidente judicial, sino el síntoma de una estructura legal y política que habría debilitado los estándares para hacer efectivas responsabilidades por actuaciones de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones de orden pública.

La respuesta del Partido Socialista —suspendiendo su participación en instancias de coordinación oficialista— marca un punto de inflexión, porque traslada el conflicto desde el plano del desacuerdo político al de una posible ruptura estratégica.

Las consecuencias de esta tensión trascienden al actual gobierno y proyectan dudas sobre el rol que la izquierda desempeñará como oposición frente a un próximo gobierno de derecha. Es obvio que una oposición eficaz requiere unidad mínima en diagnósticos y prioridades; sin embargo, lo que hoy se observa es una fragmentación temprana, donde derechos humanos, seguridad y Estado de Derecho no funcionan como ejes compartidos, sino como banderas de confrontación interna. Esta cuestión es particularmente crucial especialmente si consideramos que uno de los ejes básicos del Gobierno de Kast será el orden público y la seguridad.

Paradójicamente, la derecha puede emerger como la principal beneficiaria de esta crisis, no solo por contraste, sino porque el oficialismo parece disputar entre sí el sentido del pasado reciente, mientras el futuro queda sin relato claro. La ausencia de una posición común permite que el próximo gobierno se presente como garante de orden, estabilidad y claridad política, incluso cuando impulse agendas que tensionen derechos y libertades. En ese escenario, una oposición fragmentada corre el riesgo de ser reactiva, con un discurso claro en materia de derechos humanos y de garantismo pero estratégicamente ineficaz.

El desafío que deja esta polémica es mayor que el caso Crespo o  del debate por la culpa de la aprobación de la Ley Naín-Retamal: se trata de definir si la izquierda chilena será capaz de ofrecer a sus electores y a la ciudadanía en general un marco común que integre derechos humanos, seguridad pública y respeto por las instituciones, o si entrará al próximo ciclo político profundamente fraccionada. De dicha decisión dependerá no solo su rol opositor, también su potencialidad para alzarse como alternativa de gobierno en cuatro años más.