Directora de carrera Obstetricia U. Andrés Bello, sede Viña del Mar
Por más de 190 años, la Matronería en Chile ha sido un pilar fundamental de la salud pública, con un papel protagónico en la atención gineco-obstétrica, neonatal y en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el reciente Decreto Exento N°243 del Ministerio de Salud, que actualiza la Norma Técnica N°150, no representa solo un retroceso técnico y organizacional, sino una señal inequívoca de desvalorización de una profesión históricamente comprometida con el bienestar de las personas.
El decreto reestructura unidades clínicas esenciales: Ginecología pasa a ser parte de unidades médico-quirúrgicas, Neonatología a unidades pediátricas y plantea pabellones y servicios de urgencia indiferenciados. Más allá del tecnicismo, esta medida diluye el rol especializado de la Matronería, desconociendo su formación, experiencia y evidencia acumulada. Es una medida arbitraria y vertical, adoptada sin la participación de los principales actores involucrados: ni el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, ni las universidades formadoras, ni otras organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas en este proceso.
Esta exclusión del diálogo social y técnico es grave. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha optado por una política sanitaria que margina a un cuerpo profesional esencial, sin argumentos públicos fundados ni evidencia compartida. Esta forma de gobernanza no solo vulnera principios de transparencia y participación democrática, sino que compromete directamente la calidad del cuidado en salud sexual y reproductiva, especialmente de mujeres y personas gestantes, en un país que aún lucha contra brechas de género en el acceso a salud digna y adecuada.
Desde la academia, reafirmamos que las matronas y matrones no son meras funcionarias técnicas: son agentes de cambio, guardianes de derechos, profesionales formados bajo estándares nacionales e internacionales para ejercer en contextos de alta complejidad. Su trabajo no puede ser absorbido, ignorado ni redistribuido sin consecuencias. Esta reforma vulnera compromisos internacionales suscritos por Chile, incluyendo tratados de derechos humanos y salud sexual y reproductiva.
Exigimos el retiro inmediato del Decreto 243 y la conformación de una mesa técnica multisectorial, con presencia del Colegio Profesional, universidades formadoras y expertos del área, que permitirá revisar con responsabilidad y justicia cualquier modificación al sistema de clasificación hospitalaria. Reiteramos que no se trata de resistirse al cambio, sino de exigir que este se haga con evidencia, participación y respeto.
Hoy más que nunca, debemos defender una salud pública centrada en las personas, donde la Matronería siga siendo garantía de derechos, no víctima de decisiones administrativas ajenas al bienestar común.
La Matronería se respeta. Los derechos sexuales y reproductivos no se negocian.
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