En la Ley de Presupuesto 2027 se ha colado una norma que obliga al retiro de funcionarios públicos al cumplir 75 años. Una vez más, el poder legislativo legisla con lógica viejista: expulsa a las personas mayores del espacio público por el solo hecho de envejecer.
En un país que será el más envejecido del Cono Sur al 2050, normar desde el prejuicio etario no solo es anacrónico: es discriminación. Esta medida institucionaliza el viejismo al ignorar méritos, experiencia y voluntad de servicio.
No podemos permitir que el poder político deseche cuerpos y saberes. Las personas mayores no son un problema que hay que “jubilar”, sino sujetos de derecho cuyo conocimiento acumulado fortalece el Estado que tanto dicen querer modernizar. Mientras no entendamos que los derechos humanos no caducan con los años, seguiremos siendo un país profundamente injusto.
Agnieszka Bozanic L., docente investigadora Escuela de Psicología UNAB sede Viña del Mar y presidenta Fundación GeroActivismo
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